A pesar de su promesa de detener la exportación de pesticidas prohibidos, la Unión Europea (UE) continúa enviando grandes volúmenes de estos productos a América Latina, donde su uso sigue permitido en varios países.
Los agroquímicos que Europa considera demasiado peligrosos para sus propios campos se siguen produciendo dentro del bloque y comercializando en mercados latinoamericanos, donde los controles ambientales y sanitarios son menos estrictos.

Organizaciones ambientales advierten que se trata de una contradicción ética y política: los mismos compuestos prohibidos por su toxicidad en Europa terminan aplicándose en los campos de otros continentes, afectando a trabajadores agrícolas, comunidades rurales y ecosistemas locales.

Las sustancias involucradas han sido asociadas a cáncer, alteraciones hormonales, infertilidad, abortos espontáneos, malformaciones y daños neurológicos.

Un vacío legal que permite la exportación

Datos recientes muestran que en 2024 se exportaron más de 120 mil toneladas de pesticidas prohibidos dentro de la UE, la mayoría con destino a países de América Latina, seguidos por naciones africanas y asiáticas.

La causa principal es un vacío legal en la normativa europea. Aunque la Unión prohíbe el uso interno de numerosos compuestos peligrosos, no impide su fabricación con fines de exportación. Así, las empresas pueden seguir produciendo agroquímicos con ingredientes vetados, siempre que informen a los países importadores.

Esta excepción legal ha generado un creciente debate en Europa. Mientras las autoridades promueven una agenda "verde" puertas adentro, los productos considerados tóxicos continúan enviándose al extranjero. Para las organizaciones ambientales, esto constituye una doble moral ambiental: proteger la salud de los ciudadanos europeos, pero no la de quienes viven en otros continentes.

Expertos en regulación química explican que esta práctica es posible porque la actual legislación -conocida como Reglamento PIC (Consentimiento Fundamentado Previo)- solo prohíbe la exportación de unas pocas sustancias extremadamente peligrosas, como los contaminantes orgánicos persistentes. El resto puede exportarse legalmente, siempre que los países receptores lo autoricen.

El caso de Brasil ejemplifica la magnitud del problema. En 2024, ese país recibió casi 15 mil toneladas de pesticidas prohibidos en la Unión Europea, consolidándose como uno de los principales destinos de estos productos.
Aunque las autoridades nacionales son responsables de autorizar su uso, diversos especialistas advierten sobre los riesgos acumulativos que implican estas sustancias en la salud pública y en la degradación de los suelos.

Durante el último año, el gobierno brasileño aprobó más de 600 nuevos pesticidas, lo que refleja la presión del sector agroindustrial y la debilidad regulatoria que persiste en la región. El propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuestionó públicamente la política europea, calificándola de "doble estándar ambiental", al permitir que productos prohibidos dentro del bloque sigan vendiéndose a América Latina.

Situaciones similares se repiten en otros países con fuerte actividad agrícola, como Paraguay, Argentina y Colombia, donde los costos de producción y la dependencia de insumos importados limitan la transición hacia sistemas más sostenibles.

Investigadores regionales advierten que la falta de armonización regulatoria internacional facilita que los pesticidas más tóxicos sigan circulando por los mercados latinoamericanos, con consecuencias difíciles de revertir.

"Lo que Europa considera demasiado peligroso para su propia gente no debería aplicarse en nuestros campos", señaló una especialista latinoamericana en toxicología ambiental. "El problema no es solo económico, sino ético y sanitario."

En respuesta a las críticas, la Comisión Europea reconoció que evalúa modificaciones legislativas para impedir la producción de químicos prohibidos destinados a exportación. No obstante, las propuestas aún están en etapa de revisión, sin una fecha definida para su implementación.

Mientras tanto, miles de toneladas de pesticidas continúan fluyendo hacia América Latina cada año, alimentando una dependencia que profundiza la desigualdad ambiental entre el norte y el sur del mundo.