La vulnerabilidad climática en América Latina vuelve a quedar al desnudo, con un estudio que resalta cómo países como Venezuela y Haití figuran entre los más expuestos a los riesgos del cambio climático y, al mismo tiempo, entre los que cuentan con menos recursos para enfrentarlos.

De acuerdo con especialistas, la combinación de fenómenos extremos -huracanes, sequías prolongadas, lluvias torrenciales- con altos niveles de pobreza, desigualdad, inseguridad alimentaria y sistemas de salud colapsados, multiplica el impacto social de cada evento climático en estos territorios.

En Venezuela, la inestabilidad económica y la precariedad de infraestructuras básicas dificultan la implementación de políticas de prevención y adaptación. Las lluvias intensas registradas en la última temporada ya dejaron cientos de familias desplazadas, mientras la capacidad de reacción del Estado se ve limitada por restricciones presupuestarias y falta de coordinación institucional.

Haití, por su parte, arrastra décadas de inestabilidad política y social, lo que agrava la falta de mecanismos de respuesta ante catástrofes. Terremotos, tormentas tropicales y brotes de enfermedades transmitidas por vectores siguen acechando a su población más vulnerable, que apenas puede cubrir sus necesidades básicas y sufre graves deficiencias en agua potable, saneamiento y salud pública.

Organismos internacionales advierten que esta situación no hace más que profundizar las desigualdades, poniendo en mayor riesgo a las comunidades rurales, los pueblos originarios y las mujeres campesinas, quienes dependen directamente de la agricultura de subsistencia para sobrevivir. La pérdida de cosechas, el deterioro de los suelos y la destrucción de infraestructuras productivas amenazan no solo la alimentación familiar, sino también la economía local.

Expertos reclaman con urgencia mayor cooperación internacional para fortalecer las capacidades de resiliencia y adaptación en ambos países. Proyectos de inversión en energías renovables, restauración de ecosistemas, agricultura climáticamente inteligente y gestión de riesgos podrían marcar una diferencia real para estas poblaciones, pero requieren voluntad política y financiamiento sostenido.

Al mismo tiempo, destacan que los países más desarrollados deben asumir mayor responsabilidad en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para evitar que los escenarios climáticos extremos sean aún más devastadores en regiones donde el margen de respuesta es prácticamente nulo.

El cambio climático no golpea a todos por igual. Allí donde la pobreza y la desigualdad estructural son más profundas, los daños se multiplican y las posibilidades de recuperación se vuelven cada vez más remotas. Venezuela y Haití son, hoy, un espejo de las carencias que arrastran muchos otros países latinoamericanos: insuficientes políticas públicas, infraestructuras debilitadas, baja capacidad de financiamiento y, en consecuencia, una alta exposición al drama climático.

En el caso de Venezuela, especialistas subrayan la necesidad de reconstruir sistemas de alerta temprana, reforzar las redes comunitarias y priorizar la inversión en infraestructura resistente a eventos extremos, como inundaciones o deslizamientos de tierra, que se vuelven más frecuentes con el aumento de la temperatura global.

Haití, por su parte, enfrenta el reto adicional de reorganizar su gobernanza y garantizar estabilidad política para gestionar adecuadamente la cooperación internacional, vital para implementar planes de adaptación y reconstrucción en zonas rurales y urbanas golpeadas por el cambio climático.

La advertencia es clara: si no se refuerzan las acciones a corto plazo, los costos humanitarios y económicos podrían ser irreversibles. La comunidad internacional, junto a los gobiernos locales, tiene ante sí el desafío de apoyar a estos países para proteger sus recursos naturales, su seguridad alimentaria y la vida de millones de personas que ya conviven al límite de la vulnerabilidad.