Fitosanitarios: Entre Ríos activa un protocolo clave que redefine las reglas para el campo
La provincia puso en vigencia un nuevo protocolo obligatorio para el uso de fitosanitarios.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos oficializó mediante la Resolución Nº 34/2026 el nuevo Protocolo de Buenas Prácticas en materia de fitosanitarios, cuyo cumplimiento ya es obligatorio en toda la provincia. La medida fue aprobada tras un amplio proceso de trabajo desarrollado durante 2025 y cobra relevancia en un contexto marcado por debates judiciales y sociales sobre la aplicación de productos fitosanitarios en zonas productivas.
La nueva normativa responde a una exigencia establecida en el artículo 14 de la Ley Provincial Nº 11.178 y busca establecer criterios claros para la utilización legal y responsable de estos insumos fundamentales para la producción agropecuaria.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el protocolo representa un paso importante para brindar seguridad jurídica, promover la sustentabilidad y fortalecer la convivencia entre la actividad productiva y las comunidades locales.
Uno de los aspectos más destacados del nuevo protocolo es que fue elaborado dentro del ámbito del Consejo Asesor Fitosanitario, un organismo creado para asesorar a la autoridad de aplicación y a los distintos poderes públicos en materia de regulación y control de fitosanitarios.
El documento fue aprobado el 10 de diciembre de 2025 durante una sesión realizada en el Museo de Ciencias Naturales Antonio Serrano de Paraná, luego de varios meses de debate técnico y análisis de propuestas.
La conformación del Consejo refleja una amplia representación institucional y sectorial. Participaron funcionarios de las áreas de Ambiente, Salud, Educación y Gobiernos Locales, junto a representantes del INTA, universidades, organizaciones de productores, sindicatos rurales, colegios profesionales, aplicadores, expendedores de productos fitosanitarios y organizaciones ambientalistas.
Esta diversidad de actores permitió construir consensos sobre un tema que históricamente ha generado tensiones dentro de la agenda agropecuaria y ambiental.
Según explicaron las autoridades entrerrianas, el documento se apoya en recomendaciones y antecedentes elaborados por organismos nacionales de referencia.
Entre ellos se destacan la Resolución Conjunta N° 1/2018 de los entonces ministerios de Agroindustria y Ambiente de la Nación, el Manual de Uso Responsable de Productos Fitosanitarios de Casafe y el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas desarrollado por INTA, SENASA y el Ministerio de Producción y Trabajo.
El objetivo es garantizar que las aplicaciones se realicen bajo criterios técnicos, minimizando riesgos para la salud humana, el ambiente y la producción agropecuaria.
La entrada en vigencia del protocolo se produce en un escenario particularmente sensible para el sector. Durante los últimos años, Entre Ríos fue escenario de diversos conflictos vinculados con la utilización de fitosanitarios y las distancias de aplicación respecto de escuelas rurales y áreas pobladas.
Incluso, algunos fallos judiciales generaron cuestionamientos por parte de entidades agropecuarias y referentes de la producción, quienes advirtieron sobre el impacto que determinadas restricciones podrían tener sobre la rentabilidad y la capacidad productiva de los establecimientos.
En este contexto, el nuevo protocolo busca aportar reglas claras y criterios homogéneos que permitan reducir la incertidumbre y mejorar los mecanismos de control y fiscalización.
La implementación de este protocolo representa un nuevo capítulo en la búsqueda de una agricultura sustentable basada en la evidencia científica y las buenas prácticas agrícolas.
Para el campo entrerriano, la iniciativa puede transformarse en una herramienta clave para fortalecer la trazabilidad de las aplicaciones, mejorar la aceptación social de la actividad y garantizar el cumplimiento de estándares cada vez más exigentes en materia ambiental.
