La agenda económica de Brasil parece haber sido relegada a un plano secundario, absorbida por una creciente tensión entre los poderes del Estado. Mientras la inflación persiste, el crecimiento tambalea y el dólar se fortalece frente al real, el debate público se encuentra secuestrado por disputas judiciales y narrativas de confrontación política.

El diagnóstico fue puesto sobre la mesa por analistas y referentes del sector financiero, que advierten que el país ha perdido el rumbo económico frente a una disputa que va mucho más allá de las instituciones: una lucha simbólica que recuerda al clima de polarización en los Estados Unidos durante el ascenso de Donald Trump.

La reciente embestida del Supremo Tribunal Federal (STF), liderada por el ministro Alexandre de Moraes, contra el empresario Luciano Hang -un reconocido aliado del bolsonarismo-, reavivó la tensión entre los sectores que apoyan al expresidente Jair Bolsonaro y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Hang es acusado de financiar desinformación y fomentar el descrédito hacia las instituciones democráticas, en un caso que evoca los procesos judiciales contra figuras trumpistas en EE. UU.

Pero el problema de fondo no es solo la disputa entre personajes o partidos. Brasil está perdiendo capacidad de gestión económica en un momento crítico. El presidente Lula, presionado por el ala más ideológica de su entorno, no logra imponer una narrativa de estabilización o crecimiento. A su vez, el ministro de Economía, Fernando Haddad, enfrenta obstáculos internos y externos para implementar reformas estructurales que devuelvan previsibilidad a los mercados.

El dólar alcanzó esta semana los R$ 5,60, y las señales de incertidumbre no cesan. La desconfianza en el rumbo del gobierno y el clima de tensión institucional están provocando la fuga de capitales, la cautela inversora y el parate en decisiones estratégicas del sector privado.

En paralelo, sectores productivos clave, como la agroindustria, reclaman medidas urgentes de incentivo, reducción impositiva y estabilidad jurídica. Pero esas demandas son opacadas por la marea informativa que gira en torno a los choques entre el STF y los aliados del bolsonarismo, quienes denuncian una "dictadura judicial" y agitan fantasmas de censura y persecución ideológica.

Los analistas más moderados señalan que ni Lula ni el STF están contribuyendo a descomprimir el clima. Por el contrario, la narrativa de "defensa de la democracia" -legítima en su origen- ha sido transformada en una herramienta de confrontación permanente, con impactos directos sobre el clima político y económico.

El panorama se torna aún más complejo si se considera el escenario internacional: mientras potencias como China y Estados Unidos reconfiguran sus alianzas comerciales y sus cadenas de suministro, Brasil se encuentra distraído, mirando hacia adentro, sumido en un conflicto que poco aporta a su competitividad global.

En este contexto, se alzan voces que reclaman una despolarización urgente de la política brasileña, para recuperar el foco en temas estratégicos: inversión, generación de empleo, modernización de infraestructuras, combate a la pobreza y fortalecimiento de la industria nacional. Pero esas voces, de momento, son sepultadas por el ruido del enfrentamiento entre narrativas extremas.

La pregunta que comienza a circular en ámbitos empresariales y diplomáticos es clara: ¿quién gobierna hoy Brasil? ¿El presidente Lula, el Supremo Tribunal Federal, o el espíritu de una confrontación que se volvió parte de la cultura política cotidiana?

Por ahora, la economía brasileña sigue esperando su turno en la agenda, mientras los poderes del Estado se enredan en una batalla de relatos que amenaza con volverse crónica.