Ley de semillas: crece la tensión con el Gobierno y un dato sobre la soja argentina enciende las alarmas
Fedia reclamó al Gobierno un lugar en la discusión de la nueva ley de semillas y alertó que apenas el 19,16% de la soja utiliza semilla fiscalizada.
La Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (Fedia) reclamó este miércoles 4 de noviembre al Gobierno nacional que incorpore a los semilleros multiplicadores y distribuidores al debate por la nueva ley de semillas, al considerar que su participación resulta indispensable para alcanzar un acuerdo entre todos los actores de la cadena. El planteo se conoció durante el lanzamiento de una campaña nacional destinada a promover el uso de semilla fiscalizada. La discusión cobra relevancia por su impacto sobre los derechos de propiedad intelectual, los costos de producción, la adopción tecnológica y la competitividad de la agricultura argentina.
La entidad, que agrupa a seis cámaras regionales, cuestionó que las conversaciones oficiales se concentren principalmente en los obtentores de genética y las organizaciones de productores. "El Gobierno dice que está hablando con los semilleros y los productores, pero con quien realmente está hablando es con los obtentores, que son los generadores de la genética", sostuvo Gabriel González, presidente de Fedia. Desde la federación remarcaron que los multiplicadores asumen riesgos agronómicos y comerciales, producen semilla a escala y garantizan su acondicionamiento y distribución, por lo que consideran necesario contar con representación propia.
Ley de semillas: el uso propio y la participación de toda la cadena, en el centro de la discusión
El debate impulsado por el Gobierno involucra a entidades agropecuarias y representantes de la industria semillera, entre ellos la Asociación Semilleros Argentinos (ASA). Uno de los principales puntos de negociación es el uso propio de semillas, especialmente en cultivos como la soja, y la definición de qué productores deberían pagar por reutilizar material obtenido de sus cosechas. También se analiza la posibilidad de establecer excepciones según la superficie cultivada. Para Fedia, cualquier modificación del régimen debe contemplar a los obtentores, productores, multiplicadores y distribuidores, evitando que las decisiones se concentren únicamente en determinados eslabones.
"Como semilleros multiplicadores tenemos que ser parte de la mesa de análisis y debate, ya que tomamos riesgos y somos los que garantizamos la distribución", insistió González. En la misma línea, Pablo Bertone, vicepresidente de Fedia, advirtió que producir semilla implica un elevado riesgo agronómico y requiere inversiones específicas. El dirigente sostuvo que reconocer los derechos de quienes desarrollan nuevas variedades debe ser compatible con un sistema económicamente viable para toda la cadena. Desde la entidad plantean que mayores volúmenes de producción y menores costos son condiciones necesarias para ampliar la adopción de tecnología y mejorar la productividad.
Soja argentina: apenas el 19,16% utiliza semilla fiscalizada y crece la brecha regional
Uno de los datos que encendió la discusión es el nivel de utilización de semilla fiscalizada en soja. Según cifras del Instituto Nacional de Semillas (Inase) citadas por Fedia, durante la campaña 2025/26 la participación alcanzó apenas el 19,16%. El indicador expone el desafío que enfrenta el sistema semillero argentino para ampliar el mercado formal. Desde la federación sostienen que una mayor utilización de material certificado permitiría fortalecer la trazabilidad, mejorar los controles de calidad y generar condiciones más favorables para la incorporación de nuevas variedades, aunque su adopción también depende de los costos y de los beneficios que perciba cada productor.
La comparación internacional agrega presión al debate. Diego Villafañe, integrante de la Cámara de Distribuidores de Agroquímicos de Tucumán (Cadiat), señaló que, de acuerdo con los datos comparativos que maneja la entidad, la utilización de semilla certificada supera el 70% en Brasil y el 90% en Estados Unidos. Estas cifras, presentadas por la federación, muestran una diferencia significativa respecto de la Argentina, aunque los sistemas regulatorios y las metodologías de medición pueden variar entre países. Para el sector, reducir esa distancia representa una oportunidad para mejorar la competitividad y fortalecer la inversión en genética.
En paralelo al reclamo legislativo, Fedia lanzó la campaña "Semillas fiscalizadas, seguridad y calidad desde el origen", que se difundirá mediante sus redes sociales y las de sus seis cámaras integrantes. La iniciativa busca mostrar las distintas etapas del proceso de multiplicación, desde la planificación del cultivo hasta la cosecha, clasificación y acondicionamiento. Según explicó la federación, la fiscalización del Inase permite verificar aspectos como la identidad varietal, pureza física, sanidad y calidad fisiológica. Los representantes regionales también destacaron la importancia de contar con procesos documentados y trazables para fortalecer la transparencia comercial.
El reclamo de los multiplicadores incorpora así una nueva dimensión a una discusión histórica del agro argentino. La futura ley de semillas deberá abordar el equilibrio entre la protección de la innovación genética, los derechos de los productores y la sostenibilidad económica de quienes multiplican y comercializan el material. Por ahora, Fedia busca obtener un lugar formal en las negociaciones y ampliar la utilización de semillas fiscalizadas. El resultado del debate será relevante para determinar cómo se organiza el mercado semillero y qué incentivos tendrá la Argentina para sostener la inversión tecnológica frente a sus principales competidores agrícolas.
