El agro llevó al Congreso un reclamo por la presión fiscal: el Estado se queda con el 62% de la renta
Productores y legisladores debatieron la carga tributaria del campo ante el Presupuesto 2027. El agro advierte por impuestos y fondos inmovilizados.
Este 11 de septiembre, en la antesala del debate por el Presupuesto 2027, productores vinculados a la Fundación Barbechando llevaron al Congreso la discusión por la presión fiscal que enfrenta el agro argentino. La entidad reunió esta semana a diputados y senadores de distintos espacios políticos para analizar impuestos, infraestructura, logística e innovación. El encuentro cobra especial relevancia para el sector porque busca incorporar al debate presupuestario una problemática que condiciona directamente la competitividad: según el último índice de FADA, el Estado absorbe el 62% de la renta agrícola.
La jornada contó con legisladores del PRO, La Libertad Avanza, Provincias Unidas, la UCR y el MID, incluidos referentes de las comisiones de Agricultura del Congreso. El planteo excedió a las tradicionales retenciones y puso bajo análisis la incidencia conjunta de tributos nacionales, provinciales y municipales. De acuerdo con los datos presentados, de cada hectárea agrícola apenas el 8% del resultado económico queda como ganancia del productor, mientras alrededor del 30% corresponde al alquiler de la tierra. La presión tributaria presenta además diferencias importantes por cultivo: alcanza cerca del 74% en trigo, 68% en girasol, 62% en soja y 60% en maíz.
Presupuesto 2027: el agro apunta al costo impositivo que no se ve
Uno de los puntos que ganó protagonismo fue el denominado costo tributario oculto. El tributarista Mariano Echegaray Ferrer advirtió sobre el impacto del saldo técnico de IVA, los saldos de libre disponibilidad y los gastos administrativos. Por la diferencia entre el 21% de IVA que grava numerosos insumos y el 10,5% aplicado a la venta de granos, la estacionalidad y las inversiones, los productores acumulan créditos fiscales. Según un relevamiento de CREA citado durante el encuentro, el saldo técnico promedia $36.500 por hectárea y representaría unos US$770 millones inmovilizados en la agricultura extensiva al cierre de la campaña 2025/26.
El problema también alcanza al mecanismo destinado a devolver esos saldos vinculados con inversiones en bienes de capital. Mientras en 2019 la partida era de $15.000 millones, equivalentes entonces a unos US$394 millones, para 2026 llegó a $30.000 millones, unos US$21 millones. Es decir, la asignación se duplicó nominalmente en pesos, pero perdió más del 90% de su capacidad de compra medida en dólares. Frente a una inversión en maquinaria agrícola de $1,381 billones durante el primer semestre de 2026, los recursos presupuestados no alcanzarían a cubrir siquiera el 20% de la inmovilización total de saldos de IVA, según se expuso ante los legisladores.
A esa carga se suma el saldo de libre disponibilidad. Al concretar una venta, al productor pueden retenerle entre 5% y 8% del IVA según su situación en el SISA, dinero que, incluso en condiciones favorables, puede demorar unos 75 días en regresar. Una de las alternativas planteadas fue transformar el saldo técnico acumulado en un bono utilizable como garantía para acceder al crédito, evitando que ese capital permanezca inmovilizado. Para Barbechando, el Presupuesto 2027 abre una ventana para discutir una reforma impositiva integral que reduzca distorsiones y permita al agro recuperar recursos para inversión, tecnología y agregado de valor.
