Vandalismo rural: el campo reclamó más seguridad y el Congreso debate penas más duras
El agro respaldó en Diputados una ley que endurece penas por delitos rurales, tras registrarse 4.487 hechos en un año en territorio bonaerense
La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados debatió este martes 25 de agosto un proyecto para endurecer las penas contra el vandalismo rural, durante una reunión informativa en la que participaron entidades agropecuarias y referentes del sector. La iniciativa tomó especial relevancia por el crecimiento de los episodios de inseguridad que afectan establecimientos productivos y familias. La dirigencia rural respaldó el avance legislativo y reclamó herramientas que permitan actuar antes de que una intrusión o un merodeo derive en robos, daños sobre infraestructura o hechos de mayor gravedad.
El planteo que atravesó la reunión fue concreto: vivir y producir detrás de una tranquera no puede significar tener menos protección que en una ciudad. Claudio Angeleri, vicepresidente de Federación Agraria Argentina, valoró la posibilidad de contar con una herramienta penal que aporte previsibilidad y tranquilidad. Durante su intervención recordó que detrás de un alambrado no existe solamente una unidad productiva, sino también familias que viven allí y pueden sentirse amenazadas ante la presencia de desconocidos. La inseguridad rural, además, condiciona inversiones y eleva los costos de producir en zonas donde la respuesta policial suele estar atravesada por grandes distancias.
Las estadísticas presentadas durante el encuentro pusieron dimensión al problema. Santos Rosati, integrante de la comisión de Seguridad de Carbap, señaló ante los legisladores que entre julio de 2025 y julio de 2026 se contabilizaron 4.487 delitos en zonas rurales bonaerenses, además de diez homicidios. Las cifras reforzaron el reclamo de una respuesta específica para territorios donde conviven viviendas, hacienda, maquinaria e infraestructura estratégica. Cada equipo inutilizado, alambrado destruido o instalación atacada no representa solamente una pérdida patrimonial: también puede paralizar tareas y sumar costos a establecimientos que enfrentan una ecuación productiva cada vez más exigente.
Intrusión rural: qué penas propone el proyecto que debate el Congreso
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de la figura de "intrusión rural", aplicable a quienes ingresen sin autorización a establecimientos delimitados mediante alambrados, tranqueras o carteles de exclusión. El proyecto establece penas de un mes a un año de prisión y apunta, entre otros casos, a situaciones de merodeo nocturno, caza furtiva o posibles tareas de reconocimiento previas a un robo. La intención es otorgar herramientas para intervenir sin tener que esperar necesariamente a que se consume otro delito, una cuestión especialmente sensible en establecimientos alejados de los centros urbanos y con tiempos de respuesta más extensos.
La iniciativa también incorpora el daño agravado sobre infraestructura agropecuaria, con penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del perjuicio ocasionado. El esquema contempla ataques contra sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados, entre otros bienes vinculados directamente con la producción. A su vez, establece que la pena mínima podría duplicarse cuando el responsable sea un funcionario público o una persona habitualmente vinculada con la actividad agropecuaria. El criterio detrás del endurecimiento es reconocer que destruir infraestructura rural puede generar consecuencias económicas mucho mayores al valor material del elemento afectado.
Fundación Barbechando llevó esa discusión al terreno productivo y advirtió que el daño real no debería medirse solamente por el costo de reposición del bien destruido, sino por la función que cumple dentro del establecimiento. Como ejemplo mencionó la rotura de una bomba de agua, que puede comprometer el abastecimiento de todo un rodeo de cría. Durante el verano, una vaca puede requerir entre 50 y 70 litros diarios, por lo que la inutilización de un único equipo puede desencadenar consecuencias sobre bienestar animal, productividad y patrimonio. El planteo busca que la Justicia contemple el impacto integral del vandalismo y no únicamente el precio de aquello que fue roto.
Redes sociales y el reclamo para que el campo deje de ser "tierra de nadie"
Otro eje de la discusión fue la instigación pública a cometer ataques y su difusión mediante redes sociales y canales digitales. Durante la sesión se propuso llevar las penas por instigación a un rango de dos a seis años de prisión y triplicar la sanción cuando la incitación se difunda por medios digitales. La propuesta intenta adaptar la legislación a nuevas formas de difusión y organización capaces de multiplicar amenazas contra establecimientos, maquinaria o infraestructura. Este será uno de los aspectos que deberá atravesar el debate parlamentario, junto con los alcances de la figura de intrusión y las condiciones necesarias para su aplicación.
El reclamo de las entidades quedó sintetizado en una definición de Fundación Barbechando: el campo debe dejar de ser "tierra de nadie". El desafío para el Congreso será transformar esa demanda en una legislación que mejore la prevención y permita sancionar ataques concretos sin generar figuras ambiguas que terminen afectando actividades legítimas. Para una Argentina que depende fuertemente de su capacidad agroindustrial y exportadora, la inseguridad rural no es únicamente un problema policial: proteger a quienes viven y trabajan en el campo también implica resguardar infraestructura, inversiones y capacidad productiva.
