Colombia dio en agosto de 2026 el primer paso formal para habilitar nuevamente la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos ilícitos, después de más de una década de suspensión. La decisión surge de la Resolución 0006 del 18 de agosto de 2026 del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), que dejó sin efecto la Resolución 6 de 2015. El cambio reabrió el debate político, ambiental y productivo alrededor de las fumigaciones, aunque no significa que las operaciones aéreas puedan comenzar inmediatamente.

La medida modifica una pieza central de la política colombiana de erradicación de cultivos ilícitos. Según la resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes, la derogación elimina la disposición que desde 2015 mantenía suspendido el uso del herbicida mediante aspersión aérea. Aquella decisión había sido adoptada durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando Colombia avanzaba en las negociaciones de paz y revisaba su estrategia frente a los cultivos de coca.

El documento, firmado por Carlos Gónima Díaz-Granados, viceministro de Política Criminal, contiene además una aclaración determinante para interpretar el alcance de la medida: eliminar la suspensión "no implica la reanudación automática" del programa. En términos prácticos, el Gobierno recuperó la posibilidad jurídica de avanzar hacia este mecanismo de erradicación, pero deberá atravesar distintos procedimientos antes de que puedan realizarse aplicaciones desde aeronaves tripuladas.

La controversia tomó nuevo impulso este martes 1 de septiembre, cuando sectores de oposición vinculados al Pacto Histórico cuestionaron públicamente la decisión y reclamaron garantías ambientales, sanitarias y de participación para las poblaciones rurales. Entre los principales argumentos plantearon posibles efectos sobre comunidades y actividades productivas ubicadas en zonas cercanas a los territorios que eventualmente sean incluidos en un futuro programa de aspersión. 

La suspensión cayó, pero los aviones todavía no pueden comenzar a fumigar

La diferencia entre derogar la norma de 2015 y reactivar efectivamente las operaciones resulta central. La posibilidad de regresar a las fumigaciones permanece condicionada por las decisiones de la Corte Constitucional de Colombia, que no estableció una prohibición absoluta sobre este método, pero sí fijó requisitos que deben cumplirse antes de una eventual reanudación.

Entre ellos aparecen las evaluaciones relacionadas con salud y ambiente, mecanismos de seguimiento y participación de las comunidades, además de los procedimientos de consulta previa cuando existan comunidades étnicas directamente afectadas. Por ese motivo, la nueva resolución funciona como una habilitación para que el Estado vuelva a considerar la herramienta dentro de su política antidrogas, pero no como una orden inmediata para comenzar las aplicaciones.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) también ocupa un lugar relevante en este proceso. El organismo había intervenido anteriormente sobre el Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea, incorporando medidas de manejo, seguimiento y monitoreo. Sin embargo, disponer de ese instrumento ambiental tampoco equivale por sí mismo a una autorización automática para fumigar.

Los requisitos judiciales y ambientales buscan establecer cómo se evaluarán los posibles riesgos antes de cualquier intervención. También será necesario definir las zonas que podrían quedar comprendidas, las condiciones operativas y los mecanismos de participación aplicables en cada territorio. Por ahora no existe una fecha confirmada para el regreso de las aspersiones aéreas, por lo que la decisión adoptada en agosto debe entenderse como el inicio de un nuevo proceso regulatorio y operativo.

El debate también alcanza a productores y comunidades rurales

La discusión tiene una dimensión agrícola que trasciende la política contra el narcotráfico. En distintas regiones colombianas, las áreas con presencia de coca conviven con cultivos legales, ganadería, producciones campesinas y sistemas agroforestales, por lo que la delimitación de las zonas de intervención será uno de los aspectos más sensibles si el programa finalmente vuelve a ponerse en marcha.

Los sectores opositores que reaccionaron este 1 de septiembre reclamaron precisamente que las poblaciones campesinas sean consideradas dentro de la discusión. También defendieron políticas de sustitución productiva que permitan reemplazar los cultivos ilícitos mediante alternativas legales, acompañadas por infraestructura, acceso a mercados y mejores condiciones económicas para las familias rurales.

Desde la perspectiva gubernamental, la derogación recupera una herramienta que permanecía formalmente suspendida desde hace once años. La administración de Abelardo de la Espriella había planteado durante la campaña su intención de retomar mecanismos de erradicación aérea, y la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes constituye el primer cambio normativo concreto en esa dirección.

La discusión tampoco está cerrada respecto de las sustancias y tecnologías que podrían utilizarse en una futura operación. Cualquier alternativa deberá someterse a las evaluaciones y procedimientos correspondientes, por lo que todavía no puede afirmarse dónde comenzarían las aplicaciones, cuándo podrían realizarse ni cuál sería el alcance territorial del programa.

A once años de la suspensión, Colombia eliminó una de las principales barreras administrativas para volver a considerar la aspersión aérea sobre cultivos ilícitos. El próximo paso dependerá de las actuaciones ambientales y sanitarias, del cumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional y de los procedimientos de participación exigidos en los territorios. La Resolución 0006 abrió nuevamente la puerta al glifosato, pero el regreso efectivo de las fumigaciones todavía deberá recorrer un camino regulatorio antes de llegar al campo.