El glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo, sigue siendo el centro de una controversia legal y científica , con implicaciones para los agricultores estadounidenses, las estrategias de protección de cultivos y la inversión agrícola. A principios de diciembre de 2025, Bayer, el único productor nacional de glifosato, se enfrenta a un nuevo escrutinio legal y a un importante revés académico.

Se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos revise un importante caso de glifosato en 2026, después de que el Procurador General presentara un escrito de apoyo a la petición de Bayer de escuchar el caso Durnell . La cuestión es si la ley federal prevalece sobre las demandas estatales por omisión de advertencia , que sustentan decenas de miles de demandas que alegan que la exposición al Roundup causó cáncer. Bayer ya ha pagado más de 10 000 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales y ha asignado más de 17 000 millones de dólares para litigios actuales y futuros , con unos 60 000 casos aún pendientes .

En un comunicado, el director ejecutivo de Bayer, Bill Anderson, recibió con agrado el respaldo del Procurador General, calificándolo de " un paso importante y una buena noticia para los agricultores estadounidenses, que necesitan claridad regulatoria ". La compañía advierte que podría abandonar el mercado estadounidense del glifosato si no se contienen los litigios para fines de 2026.

Esto se produce en medio de una división entre los tribunales federales de circuito sobre las demandas relacionadas con Roundup, lo que aumenta la presión para un fallo de la Corte Suprema. Bayer se basa en la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) para argumentar que la aprobación regulatoria federal debería protegerla de las demandas estatales sobre el etiquetado de productos. La empresa compara el caso con las normas federales de prelación vigentes para dispositivos médicos y leyes de inspección de carnes.

Para agravar la controversia, un artículo científico publicado originalmente en el año 2000 fue retractado a principios de diciembre . Conocido como el "artículo Williams", este revisó la seguridad del glifosato y ha sido citado con frecuencia en evaluaciones regulatorias. La revista Regulatory Toxicology and Pharmacology retiró el artículo siguiendo las directrices de COPE , aunque el editor aclaró que la retractación no se pronuncia sobre la carcinogenicidad del glifosato .

Monsanto, Bayer's subsidiary, defended the study, stating it was properly authored and disclosed. It emphasized that the paper was a review, not original research, and noted prior reviews by the European Food Safety Authority (EFSA) found it appropriate. The EPA also confirmed the retraction does not impact its current glyphosate assessment, which relies on a database of more than 6,000 individual studies.

Regulatory agencies in both the U.S. and EU maintain that glyphosate is not carcinogenic when used as directed. Monsanto reiterated that "glyphosate is the most extensively studied herbicide of the past 50 years," and that most research was independent of Monsanto involvement.

Still, the retraction adds fuel to ongoing criticism from public health advocates and trial lawyers who challenge the scientific basis for glyphosate's widespread use. Meanwhile, U.S. farmers remain caught in the crossfire-reliant on the product's broad-spectrum weed control capabilities, yet vulnerable to legal and market uncertainty.

For now, the ag sector is bracing for the outcome of the Supreme Court's potential intervention, which could reshape not only glyphosate's future but also broader pesticide labeling laws and product liability risks across American agriculture.