Durante el último fin de semana, la Policía de Córdoba secuestró 1.060 bovinos de un establecimiento del sur de la Córdoba, por orden de la Justicia de La Pampa, en el marco de una causa por estafa con cheques sin fondos. Los animales fueron trasladados a San Luis. El caso importa porque expone fallas graves en los procedimientos, pone en discusión la trazabilidad ganadera y abre un conflicto que puede sentar precedentes sobre derecho de propiedad y seguridad jurídica en el negocio ganadero.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en mayo de 2025 por San Jorge Cereales y Hacienda SA, una firma pampeana de Rancul que aseguró haber entregado más de 1.100 cabezas de ganado a cambio de cheques sin fondos.
Según la causa, la maniobra tendría un perjuicio estimado entre $800 millones y $2.000 millones, y los presuntos responsables serían una pareja oriunda de General Pinto, Buenos Aires.

Con un exhorto judicial entre La Pampa y Córdoba, se ordenó recuperar 1.060 animales que estarían vinculados a esa estafa. El operativo fue ejecutado por fuerzas policiales cordobesas y derivó en el traslado inmediato de la hacienda a un campo en San Luis.

El conflicto estalló cuando Carlos Lanser, titular del establecimiento donde se encontraban los bovinos, aseguró que parte -o la totalidad- de los animales secuestrados son de su propiedad.
En declaraciones radiales, denunció "avasallamiento a la propiedad privada", irregularidades graves en el procedimiento y reclamó la restitución inmediata de la hacienda.

Lanser afirmó que los policías no verificaron marcas ni números de caravana, pese a que la orden judicial lo exigía. Remarcó que los animales cuentan con tres sistemas de identificación, dos oficiales del SENASA y uno propio de la firma, lo que garantiza trazabilidad total.

"No sabemos qué animales se llevaron porque no nos dejaron controlar nada. Está todo filmado", sostuvo, y comparó el operativo con "entrar a una casa a buscar televisores y llevarse las camas".

Además de la cuestión legal, Lanser advirtió sobre el impacto productivo y sanitario del traslado. "Un animal necesita entre 18 kilos de materia seca y 30 a 40 litros de agua por día, con estas temperaturas. Esto genera un perjuicio enorme", señaló.

El consignatario también apeló a la intervención del ministro de Seguridad cordobés y confirmó que ya presentó toda la documentación respaldatoria en ambas jurisdicciones judiciales.

Desde La Pampa, el fiscal adjunto Matías Juan defendió el procedimiento y lo calificó como "exitoso". Sostuvo que la investigación, con informes previos del SENASA, permitió detectar movimientos sospechosos y posibles maniobras de encubrimiento.

Según la fiscalía, los animales habrían sido resguardados con conocimiento de su origen ilícito, para evitar su incautación. Por eso, quedaron bajo la figura de depositarios judiciales en un campo de San Luis, a cargo de la empresa denunciante.

La causa sigue en etapa investigativa y no se descartan nuevas citaciones.

Más allá del desenlace judicial, el episodio deja al descubierto una alarma que resuena en todo el sector: si falla la trazabilidad y se vulnera la propiedad privada, el riesgo sistémico crece. En un país donde la ganadería necesita reglas claras para invertir y producir, este caso puede marcar un antes y un después.