El gobierno de Venezuela anunció que inversores turcos tomarán el control operativo de tres ingenios azucareros estatales como parte de un plan para reactivar activos paralizados y recuperar la producción. El acuerdo fue confirmado por el ministro de Agricultura, Julio León Heredia, quien señaló que se busca consolidar una "alianza estratégica" entre inversionistas nacionales y extranjeros.

El primer paso será la reactivación del Central Venezuela, ubicado en el estado Zulia, cuya operación está prevista para septiembre. También se transferirá la gestión del ingenio Santa Clara, en Yaracuy, y del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, en Barinas.

Historia de los ingenios

El Central Venezuela, fundado en 1913, tiene capacidad para procesar 820.000 toneladas de caña al año. Nacionalizado en 2010 por el gobierno de Hugo Chávez tras denuncias de paralización patronal, logró repuntar inicialmente, pero su producción se desplomó en los últimos años bajo el impacto de la crisis económica y las sanciones de Estados Unidos.

El Santa Clara, creado por el Estado en 1972, fue privatizado en los años 90, vuelto a estatizar en 2010 y finalmente paralizado en 2020. El Ezequiel Zamora, proyectado durante el chavismo como complejo de referencia, tenía capacidad para 240.000 toneladas anuales, pero nunca llegó a operar a pleno. En 2015 trabajaba al 15 % de su potencial y su termoeléctrica de 50 MW nunca superó un uso marginal.

En abril pasado, León y el ministro de Industria, Alex Saab, anunciaron inversiones por 158 millones de dólares en tres ingenios estatales. Aunque entonces no se identificaron las plantas beneficiarias, ahora se confirma que corresponden a los complejos mencionados.

Modelo de "alianzas estratégicas"

Si bien el gobierno no detalló los términos de los contratos ni los socios turcos involucrados, explicó que las alianzas funcionan como concesiones temporales, sin transferencia de acciones. Se espera que el esquema permita generar empleo y dinamizar las economías locales, con nuevas inversiones y la siembra de 30.000 hectáreas de caña en coordinación con campesinos y pequeños productores.

El modelo se inscribe en la política de descentralización aplicada por el presidente Nicolás Maduro, que ha delegado en gobernaciones la gestión de activos estatales con la misión de buscar socios privados. Sin embargo, la fórmula ha despertado críticas por falta de transparencia, denuncias de fraudes y conflictos con productores.

Antecedentes de conflictos

En 2021, campesinos cañeros de Portuguesa ocuparon el ingenio Santa Elena para denunciar el mal manejo de una alianza con un empresario local. El acuerdo había dejado en riesgo la cosecha y sumido la planta en la inactividad. Tras protestas, el gobierno regional reemplazó al socio y la operación se normalizó parcialmente.

En Cumanacoa, estado Sucre, un socio privado defraudó a pequeños productores por 500.000 dólares antes de abandonar la planta. Los reclamos solo lograron un pago parcial de la deuda. Como respuesta, la Comuna Cinco Fortalezas desarrolló un trapiche artesanal que produce papelón y derivados de manera comunitaria, demostrando que existen alternativas autogestionadas frente a la falta de políticas consistentes.

Costos, importaciones y presiones externas

Los cañeros venezolanos también denuncian el aumento de los costos de producción, con problemas de acceso al diésel subsidiado que los obliga a recurrir al mercado negro. A esto se suma la competencia de importaciones, especialmente desde Brasil, que presionan los precios internos y reducen la rentabilidad de la caña nacional.

En este contexto, la alianza con inversionistas turcos busca reducir la dependencia de importaciones y revitalizar un sector clave para el abastecimiento alimentario y energético del país. Sin embargo, persisten dudas sobre la sostenibilidad de estas alianzas en ausencia de un marco institucional más transparente y estable.

Un futuro incierto

Las autoridades insisten en que la estrategia permitirá recuperar la capacidad productiva de ingenios históricos y crear empleos en zonas rurales golpeadas por la crisis. No obstante, organizaciones campesinas y expertos advierten que el modelo podría repetir viejos errores si no se garantiza participación real de los productores, estabilidad en los acuerdos y control sobre la gestión privada.

El desafío para Caracas será equilibrar la necesidad de inversión extranjera con la demanda de los campesinos por condiciones justas y sostenibles, en un sector que arrastra décadas de ciclos de nacionalización, privatización y abandono.