El 8 de septiembre de 2025, la Casa Blanca emitió una Orden Ejecutiva que ajusta los aranceles recíprocos, en un intento de reconfigurar la política comercial estadounidense. La medida llega tras el fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, que el 29 de agosto declaró ilegales la mayoría de las tarifas globales impulsadas por Donald Trump, en una votación de 7 a 4. El caso ya está en manos de la Corte Suprema, que lo revisará en la primera semana de noviembre.

El nuevo Anexo II, que define los productos exentos de tarifas, es apenas la parte técnica. El trasfondo es la presión que sienten agricultores, compañías de alimentos y restaurantes, obligados a adaptarse a un entorno de comercio exterior cada vez más impredecible.

Una cadena alimentaria bajo presión

Las cifras revelan la magnitud del desafío: EE.UU. importa alrededor de USD 200.000 millones en alimentos, bebidas y forraje animal desde socios estratégicos como Canadá, México y China. Estas relaciones son vitales para la seguridad alimentaria del país, pero la volatilidad arancelaria ha puesto en jaque la planificación de toda la cadena.

Analistas advierten que "casi la mitad de los productos de un supermercado estadounidense se ven afectados por estas medidas", generando presiones en precios y disponibilidad. Para los agricultores locales, la incertidumbre dificulta proyectar si los productos competirán en igualdad de condiciones con los importados. Para las empresas procesadoras y distribuidoras, cada nuevo anuncio significa recalcular contratos, logística y márgenes de rentabilidad.

En el caso de los restaurantes, la variación en insumos clave ya repercute en los menús y en los precios al consumidor final, especialmente en carnes, lácteos, frutas frescas y bebidas importadas.

Ecos en América Latina

El impacto trasciende fronteras. Para México, principal socio agroalimentario de EE.UU. bajo el T-MEC, la volatilidad en tarifas implica riesgos para exportaciones de aguacate, tomate, cerveza y carne bovina. Cualquier ajuste puede alterar un flujo comercial que supera los USD 40.000 millones anuales en productos agrícolas y alimentarios.

En Sudamérica, países como Brasil y Chile también están atentos. Brasil envía grandes volúmenes de carne bovina, jugo de naranja y café al mercado estadounidense, mientras que Chile se ha consolidado en frutas frescas como uvas, arándanos y cerezas. Si las tarifas se aplican de manera recíproca o se ajustan con cambios de última hora, los exportadores latinos podrían enfrentar costos más altos o la necesidad de buscar mercados alternativos.

Perú y Ecuador, en tanto, tienen intereses crecientes con productos como uva, arándano, banano y camarón. En un escenario de incertidumbre en EE.UU., los exportadores ven la oportunidad de diversificar destinos hacia Asia y Europa, aunque el mercado norteamericano sigue siendo central.

La decisión final de la Corte Suprema será determinante para el rumbo del comercio agrícola estadounidense y, por extensión, para la región. Si se confirma que los aranceles de Trump fueron ilegales, se abriría la puerta a reclamos y ajustes en los acuerdos bilaterales. Si, en cambio, se mantiene la capacidad ejecutiva de imponer tarifas, la volatilidad podría convertirse en la nueva normalidad.

En cualquier caso, América Latina debe prepararse para un entorno donde la política comercial de EE.UU. impacta de manera directa en sus exportaciones, precios internacionales y logística portuaria.

El "roller coaster" de los aranceles norteamericanos no solo desafía a agricultores y empresas dentro del país, sino que también redibuja el tablero de oportunidades y riesgos para los productores agroalimentarios latinoamericanos, en un mercado cada vez más interconectado y sensible a las decisiones políticas.