La administración de Donald Trump logró mantener vigentes los aranceles globales del 10% este 13 de mayo de 2026, tras una decisión temporal de un tribunal federal de apelaciones en EE.UU., una medida clave porque profundiza la incertidumbre sobre la política comercial estadounidense y su impacto directo en las exportaciones latinoamericanas.

El fallo judicial no elimina las tarifas, sino que las sostiene mientras avanza el proceso legal, obligando a importadores y exportadores a operar bajo un esquema transitorio. En la práctica, esto implica que los costos adicionales continúan trasladándose a lo largo de las cadenas de valor agroalimentarias, afectando precios, márgenes y decisiones de inversión.

Desde una perspectiva regional, los flujos comerciales hacia Estados Unidos enfrentan un escenario más volátil, donde la previsibilidad -clave para contratos internacionales y logística de exportación- queda debilitada. La discusión legal reabre además el debate sobre los límites de la política comercial bajo la Ley de Comercio de 1974 y el uso de herramientas como la Sección 122.

El impacto no es homogéneo. México aparece como el país más expuesto, debido a su profunda integración productiva con EE.UU. bajo el T-MEC. En este caso, los aranceles funcionan como una presión adicional sobre cadenas industriales y agroindustriales altamente interdependientes, donde bienes intermedios cruzan fronteras múltiples veces antes de su destino final.

En contraste, Sudamérica enfrenta efectos más focalizados, especialmente en sectores como alimentos, acero, aluminio y algunos productos agrícolas. Aunque el impacto agregado es menor, la medida introduce distorsiones en precios FOB/CIF y en la competitividad de exportaciones clave, en un contexto de crecimiento moderado y margen fiscal.

Centroamérica y el Caribe, por su parte, mantienen una alta exposición por su dependencia de manufacturas livianas y agroindustria orientada a EE.UU., lo que amplifica el efecto de cualquier barrera arancelaria o no arancelaria.

Más allá del arancel en sí, el principal desafío radica en la creciente discrecionalidad de la política comercial estadounidense, que se vuelve más litigiosa y menos predecible. Analistas advierten que incluso si este esquema es bloqueado en instancias judiciales, podrían surgir nuevas medidas bajo mecanismos como la Sección 301 o la Sección 232, extendiendo la incertidumbre.

En este contexto, las empresas exportadoras deben adaptarse a un entorno más complejo, donde la trazabilidad, el cumplimiento de normas fitosanitarias y la flexibilidad en la logística de exportación se vuelven determinantes. La resiliencia de la supply chain y la diversificación de mercados emergen como estrategias clave para mitigar riesgos.

Además, el escenario introduce un elemento financiero relevante: la posibilidad de devoluciones de aranceles ya cobrados, lo que abre interrogantes sobre quién absorbe los costos en la cadena y quién captura eventuales reembolsos. Este factor obliga a revisar contratos, cláusulas de precios y mecanismos de ajuste en operaciones internacionales.

En paralelo, la tecnificación y la adopción de agricultura digital aparecen como herramientas para sostener competitividad, junto con certificaciones de sustentabilidad y reducción de huella de carbono, cada vez más demandadas por los mercados globales.

El trasfondo es claro: la política comercial de EE.UU. entra en una fase estructural de mayor incertidumbre, donde los tribunales pueden moderar decisiones, pero no eliminar el sesgo proteccionista. Para América Latina, esto implica incorporar esa volatilidad como un costo permanente en su inserción internacional y acelerar procesos de integración regional, diversificación de mercados y agregado de valor en origen.