El sector oleaginoso de Bolivia enciende las alarmas. Más de 250.000 toneladas de soya destinadas a exportación están en riesgo de pérdida por las trabas burocráticas que impiden obtener los permisos necesarios a tiempo, según denunció la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).

Desde Santa Cruz, epicentro de la producción sojera del país, los productores aseguran que ya han cumplido con todos los requisitos exigidos por ley, pero que las autorizaciones no se están emitiendo con la celeridad necesaria, generando un cuello de botella en las operaciones logísticas y comerciales.

"Tenemos soya acopiada en los silos, contratos internacionales listos, pero seguimos esperando los permisos para exportar, y eso nos está perjudicando enormemente", expresó el presidente de Anapo, Fidel Flores.

Las trabas estarían vinculadas a la emisión de Certificados de Abastecimiento Interno a Precio Justo (CAIPJ), documento que habilita las exportaciones una vez garantizado el suministro al mercado nacional. El problema no sería de fondo, sino de forma: lentitud en los procesos administrativos y falta de respuesta oportuna por parte del Estado.

La situación pone en peligro contratos internacionales, ingresos por divisas y la sostenibilidad financiera de miles de productores, muchos de los cuales ya enfrentan deudas y costos elevados por insumos y logística.

La exportación de soya y sus derivados representa una fuente clave de divisas para Bolivia, en un contexto donde la economía busca recuperarse de los efectos postpandemia y de una temporada agrícola marcada por fenómenos climáticos adversos.

Desde Anapo y otras entidades del sector agroexportador se exige mayor eficiencia institucional y que se respete el derecho a exportar en condiciones claras y previsibles. También alertan que, de persistir esta situación, podría generarse un efecto cascada:

• Saturación de silos

• Desincentivo a la producción

• Pérdida de mercados internacionales

• Aumento de contrabando o informalidad

La incertidumbre se agrava por la falta de comunicación oficial clara y la burocracia excesiva en torno a un producto que representa más del 30% del valor total de las exportaciones agrícolas del país.

"Lo que pedimos no son privilegios, sino reglas claras y plazos razonables. La soya está lista. Los compradores esperan. Solo falta voluntad política y gestión eficiente", concluyó Flores.

El sector espera que en los próximos días se destrabe la situación y se reactive el flujo exportador, fundamental para las reservas internacionales, el empleo rural y la inversión productiva. Si no se actúa con rapidez, Bolivia podría quedar rezagada frente a competidores regionales como Paraguay y Argentina, que ya han aumentado sus envíos al exterior en esta campaña.