En un contexto regional de competencia por atraer capital internacional, Bolivia enfrenta un obstáculo interno de peso: la falta de seguridad jurídica, señalada por empresarios, analistas y cámaras de comercio como una de las principales razones del estancamiento en la inversión extranjera directa.

Según un informe reciente elaborado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el país ha experimentado una caída sostenida en la recepción de capitales internacionales en los últimos años. La incertidumbre respecto a la estabilidad de las normas, los cambios repentinos en políticas económicas y la débil independencia judicial desalientan a los inversionistas, especialmente aquellos que requieren marcos contractuales claros para operar.

"Hoy Bolivia no es vista como un destino confiable para inversiones de largo plazo. Los riesgos legales y políticos pesan más que las oportunidades del mercado", expresó un consultor en comercio exterior citado por medios nacionales. Agregó que, en muchos casos, empresas extranjeras optan por instalarse en países vecinos como Paraguay o Perú, que ofrecen mejores condiciones legales y previsibilidad normativa.

Las cámaras empresariales locales también han elevado su voz. Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se insiste en que sin reformas estructurales en materia de seguridad jurídica, será muy difícil reactivar el aparato productivo y mejorar la competitividad del país.

El problema no es nuevo. Durante las últimas décadas, Bolivia ha atravesado ciclos de estatizaciones, conflictos judiciales con empresas extranjeras y cambios abruptos en reglas de juego para sectores estratégicos como hidrocarburos, minería y telecomunicaciones. Esto ha generado una percepción de riesgo que persiste en los mercados internacionales, afectando no solo las inversiones directas, sino también la calificación de riesgo país.

Además, la ausencia de una justicia independiente, sumada a denuncias de arbitrariedades, fallos contradictorios y presiones políticas, refuerza la percepción de inseguridad legal. Inversionistas temen que, en caso de conflictos contractuales, no cuenten con mecanismos imparciales para resolver disputas.

Los efectos son visibles. Bolivia ha perdido participación en cadenas de suministro globales y ha visto reducirse la inversión en sectores clave, como la agroindustria, la energía renovable y la manufactura. Esto impacta directamente en la generación de empleo, la innovación tecnológica y la capacidad exportadora del país.

Frente a este panorama, algunos expertos proponen medidas urgentes, como:

• La creación de una ley de inversiones moderna, que garantice estabilidad tributaria y contractual.

• El fortalecimiento de tribunales arbitrales independientes.

• La promoción de acuerdos bilaterales de inversión que aseguren mecanismos de resolución internacional de controversias.

• Un compromiso estatal real con la transparencia y la seguridad jurídica como políticas de Estado.

Mientras tanto, desde el Gobierno se han hecho algunos esfuerzos por desmentir esta imagen de inseguridad, asegurando que Bolivia ofrece oportunidades atractivas, especialmente en sectores como litio, alimentos y turismo. Sin embargo, la desconfianza persiste, y los datos muestran que el flujo de capitales productivos no logra recuperarse.

En un mundo globalizado, donde las inversiones buscan entornos estables, la seguridad jurídica ya no es una opción, sino una condición básica. Bolivia, con su potencial natural y humano, podría estar perdiendo oportunidades clave por no atender de forma urgente este problema de fondo.