El sacrificio informal de ganado bovino continúa expandiéndose en Colombia y ya genera impactos severos en toda la cadena cárnica. Entre 2013 y 2024, el país pasó de 4,1 millones de bovinos sacrificados formalmente a 3,2 millones, una caída de 900.000 animales que, según expertos, no se explica por una menor demanda, sino por la creciente participación del mercado clandestino.

Óscar Cubillos, director de planeación y estudios económicos de Fedegán, asegura que la reducción del sacrificio reportado no refleja el consumo real. "Los colombianos siguen comiendo carne. Lo que cambió fue el origen: una parte importante proviene de canales informales o ilegales", afirmó. Solo en 2024, el sacrificio informal podría rondar los 1,3 millones de animales, cifra que contrasta con los 2,5 millones sacrificados formalmente entre enero y septiembre.

La caída del sacrificio formal también se vio impulsada por la reducción de los puntos de beneficio. En 2007 existían alrededor de 1.200 plantas, pero hoy solo operan 220, en parte por el decreto 1500, que llevó al cierre de instalaciones con fallas sanitarias, aunque también afectó plantas que podrían haberse adecuado con apoyo técnico. Para Cubillos, esta reducción dejó espacios vacíos que fueron ocupados por operadores clandestinos.

Desde el sector industrial, el director general de Friogán S.A., Carlos Roberto Patiño, distingue entre dos fenómenos: la clandestinidad pura, que ocurre en sitios sin autorización, y la informalidad dentro de plantas formales, donde los sacrificios no son reportados a las autoridades sanitarias ni fiscales.
Patiño señala que, mientras el Invima supervisa plantas registradas, los espacios clandestinos quedan bajo la responsabilidad de entidades territoriales que "no ejercen control efectivo", lo que permite que esta práctica se expanda en plena vía pública sin consecuencias.

Las consecuencias se sienten en varios frentes. Para los frigoríficos formales, se trata de competencia desleal, pues el mercado ilegal evade impuestos, regulaciones laborales y controles sanitarios. Para los consumidores, implica riesgos serios al adquirir carne sin trazabilidad ni garantías sanitarias. Y para el sector ganadero, se suma el avance del abigeato, que afecta especialmente a las zonas ganaderas. En 2017 se registraron 5.135 casos, frente a 1.223 en 2023 y 613 en lo corrido de 2024.

Cubillos señala que la creación de plantas de autoconsumo podría mejorar la cobertura regional, pero los costos -entre $30.000 y $40.000 millones por instalación- limitan su implementación. "Colombia es un país de ingreso medio-bajo; cualquier adecuación requiere recursos y tiempo", advirtió.

Sin acciones coordinadas entre autoridades sanitarias, gobiernos territoriales y productores, los expertos coinciden en que será difícil frenar un fenómeno que ya afecta la economía rural, la sanidad pública y la competitividad del sector cárnico en todo el país.