Los recientes aranceles recíprocos entre Estados Unidos y China, reactivados bajo la administración Trump, están afectando directamente a sectores estratégicos de la economía global, particularmente aquellos vinculados a la transición energética. La imposición de gravámenes del 41% sobre baterías de gran escala provenientes de China, sumado a un 15% adicional para productos de Corea del Sur, encarece considerablemente los costos de almacenamiento de energía y dificulta el despliegue de proyectos de energías renovables. El impacto ya se tradujo en una paralización de inversiones: solo en el primer semestre de 2025 se cancelaron o redujeron iniciativas verdes en EE.UU. por más de US$22.000 millones.

La situación se agrava con la dependencia estadounidense de las tierras raras refinadas por China, que concentra cerca del 90% de la capacidad global. Aunque estos minerales críticos quedaron inicialmente fuera de los nuevos aranceles, Pekín respondió con restricciones a su exportación, provocando interrupciones industriales. Empresas como Ford debieron cerrar temporalmente plantas por falta de insumos clave como los imanes de neodimio, esenciales para vehículos eléctricos y turbinas eólicas. Si bien recientemente se firmó una tregua comercial de 90 días, la incertidumbre persiste, y con ella, el riesgo para las cadenas tecnológicas globales.

Este contexto plantea una serie de desafíos para los actores tradicionales, pero también revela una ventana de oportunidad para América Latina. Países como Argentina, Chile, Perú, Brasil y México cuentan con reservas relevantes de litio, cobre y tierras raras, además de acuerdos comerciales vigentes -como el T-MEC, MERCOSUR y la Alianza del Pacífico- que podrían facilitar el acceso a mercados ante el desvío de flujos comerciales globales. En paralelo, Europa reanima su interés por la región como socio confiable en el abastecimiento de materias primas críticas, en un intento por diversificar su dependencia respecto a Asia.

La tecnificación de las cadenas de valor agroalimentarias y su articulación con nuevas industrias verdes, como la producción de bioinsumos, biocombustibles y almacenamiento energético con trazabilidad y bajo impacto ambiental, se presenta como una alternativa estratégica para los países latinoamericanos. A esto se suma el potencial de aprovechar inversiones en infraestructura logística -puertos, corredores bioceánicos, nodos multimodales- que permitan acortar tiempos de exportación y reducir la huella de carbono.

Sin embargo, para capitalizar esta coyuntura, América Latina deberá superar barreras históricas: baja industrialización, escaso valor agregado en exportaciones primarias, débil financiamiento verde y dispersión normativa. La articulación público-privada, con apoyo de organismos multilaterales como el BID, FAO e IICA, es clave para acelerar esta transformación. El fortalecimiento de la integración regional también puede generar economías de escala, aumentar la resiliencia frente a shocks externos y posicionar al continente como proveedor confiable en el nuevo orden económico internacional.

Mientras el mundo observa con preocupación el avance del proteccionismo y la fragmentación comercial, América Latina tiene ante sí una posibilidad concreta de reposicionarse como actor estratégico, no solo en alimentos, sino también en insumos para la energía limpia, con sustentabilidad, diversificación de mercados y ventaja comparativa como ejes clave de su estrategia exterior.