Un informe reservado de la Senaclaft reveló un conjunto de bienes millonarios en manos de los socios y familiares directos de Conexión Ganadera, la empresa en el centro de una de las investigaciones por lavado de activos y estafa más relevantes de los últimos años en Uruguay. Entre las propiedades detectadas figuran campos en Río Negro y Rocha, apartamentos en Punta del Este, múltiples inmuebles urbanos y vehículos de alta gama.

En abril de 2022, la empresa Menafra SAS, controlada por Gustavo Basso, adquirió una estancia en Río Negro por US$5,73 millones y pocas semanas después, un campo en Rocha por US$3,15 millones, ambos pagados con cheques certificados del BROU. Las sociedades Bamidal SA, Del Terruño SRL y Conexión Genética SAGRL también aparecen implicadas en operaciones sospechosas, vinculadas al grupo familiar de los principales investigados.

Por su parte, Pablo Carrasco figura como comprador de un apartamento para su hija en Punta del Este por casi US$290.000, además de otros inmuebles ubicados en el interior del país. También se detectó la compra de un Audi Q5 por parte de Basso en 2018, valuado en más de US$78.000, actualmente embargado por una deuda vinculada a Bamidal.

El informe de la Senaclaft concluye que se trata de transacciones "incompatibles con ingresos declarados" y sugiere la posible existencia de maniobras de ocultamiento de activos, configurando indicios sólidos de lavado de dinero. La Fiscalía de Lavado de Activos, dirigida por el fiscal Enrique Rodríguez, solicitará en los próximos días la imputación penal de Carrasco, Iewdiukow y Cabral, sumando los delitos de estafa, apropiación indebida y lavado de activos. Se solicitarán además medidas cautelares, como el embargo preventivo de bienes y la prohibición de salida del país.

Uno de los aspectos más delicados es la presencia de bienes a nombre de hijos y allegados de los investigados. Para la Fiscalía, esto podría constituir un intento de disimular el origen ilícito de los fondos, abriendo la puerta a imputaciones por complicidad. Por otra parte, el síndico del concurso de acreedores y varios damnificados buscarán judicialmente que esos bienes sean incorporados a la masa concursal, en beneficio de quienes invirtieron en Conexión Ganadera.

Se estima que más de 4.000 personas fueron afectadas por la caída de esta empresa que ofrecía un esquema de inversión ganadera. Hoy, con la revelación del informe, se abre una nueva etapa judicial donde no solo se juega la responsabilidad penal de los involucrados, sino también la posibilidad de recuperar parte del patrimonio que aún permanece en manos del círculo íntimo de los imputados.