El ingreso y contrabando de camarón a México se convirtió en un golpe directo a los productores acuícolas, que enfrentan bajas ventas, pérdida de competitividad e incertidumbre sobre la continuidad de la actividad. La advertencia llegó desde Sinaloa, uno de los principales polos productivos del país, y fue expuesta en la Congreso de la Unión durante una reunión con diputados federales.

La voz del sector fue Carlos Urías Espinoza, presidente de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa (Coades), quien alertó que la entrada irregular de camarón extranjero -incluso desde India y China- está desestabilizando el mercado interno y desplazando al producto regional. "Se trata de una ilegalidad que afecta directamente a la economía de los productores", sostuvo.

Aduanas, el punto crítico del conflicto

Según explicó Urías Espinoza, existe conciencia política sobre el problema, pero las fallas aparecen en el control operativo. "En el alto nivel, las autoridades reconocen que deben tomarse acciones para impedirlo. Pero en el control directo, los oficiales de las aduanas no le han dado la importancia necesaria", afirmó. Para el sector, la debilidad en las fronteras permite el ingreso de camarón que no cumple con la normativa sanitaria ni comercial, generando competencia desleal.

La presencia sostenida de camarón proveniente de Centroamérica, Sudamérica y Asia provocó una caída abrupta de las ventas regionales, afectando el flujo de caja y la planificación productiva. "Es imposible competir en igualdad de condiciones", advirtió el titular de la Coades, al señalar que los productores extranjeros acceden a combustibles más baratos y a tasas de interés menores que las disponibles para la acuicultura mexicana.

El problema no es estacional. De acuerdo con el dirigente, el contrabando se registra durante todo el año. En países como Ecuador, la acuicultura es intensiva, con siembras y cosechas permanentes. Por ley, el camarón de granja ecuatoriano no debería ingresar a México, pero lo hace debido a deficiencias en los controles. El resultado es un exceso de oferta que presiona los precios a la baja y erosiona la rentabilidad del productor local.

Desde el sector advierten que la situación trasciende lo comercial: pone en riesgo la sustentabilidad de una actividad estratégica para las economías costeras y el empleo regional. Por eso, los acuicultores reclamaron acciones concretas y coordinadas para reforzar aduanas, garantizar el cumplimiento del estado de derecho y ordenar el mercado. Sin medidas efectivas, sostienen, la producción nacional seguirá perdiendo espacio frente a importaciones irregulares, con impactos de largo plazo sobre la cadena.