La relación comercial entre Ecuador y Perú sumó un nuevo capítulo de tensión en el sector agroexportador. El pasado 4 de agosto, la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario (Agrocalidad) de Ecuador emitió un memorando ordenando la suspensión temporal de las importaciones de uva fresca peruana (Vitis vinifera), luego de detectar residuos de pesticidas por encima de los límites permitidos en varios lotes que ingresaban por el puesto de control fronterizo de Huaquillas.

De acuerdo con el informe difundido por medios locales, cuatro muestras analizadas presentaron trazas de clorpirifos, iprodiona, metomilo y monocrotofos en niveles superiores a los máximos de residuos (LMR) autorizados por la normativa ecuatoriana. Además, se identificó la presencia de carbendazim, un fungicida prohibido en Ecuador desde 2019.

Agrocalidad advirtió que el hallazgo no solo representa un riesgo para la salud de los consumidores, sino que también cuestiona los sistemas de control y certificación de origen en Perú. Por ese motivo, la institución resolvió suspender la emisión de certificados fitosanitarios de importación, hasta que las autoridades peruanas presenten un plan de acción que garantice la trazabilidad y el cumplimiento de los estándares locales.

Exigencias regulatorias y respuesta peruana

La medida se mantendrá vigente hasta que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) de Perú entregue un plan oficial de mitigación de riesgos, coordinado con Agrocalidad. Este documento deberá detallar las acciones para identificar el origen de la contaminación, establecer correctivos en campo y poscosecha, y asegurar que los futuros envíos cumplan con la normativa ecuatoriana.

El ministro peruano de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, restó dramatismo a la decisión de Quito y aseguró que el impacto en el sector privado será mínimo. Según explicó, Perú no exporta un volumen significativo de uvas a Ecuador, dado que los principales destinos de esta fruta son Estados Unidos, la Unión Europea y China.

Sin embargo, la suspensión genera atención en la región, donde la sanidad vegetal y la inocuidad alimentaria se han convertido en variables cada vez más críticas en el comercio internacional. La detección de pesticidas prohibidos o con límites superados no solo pone en riesgo la reputación de un país exportador, sino que también puede derivar en restricciones en otros mercados más exigentes.

Un llamado de atención para la agroexportación andina

La decisión de Ecuador resalta la creciente importancia de los controles fitosanitarios fronterizos y de la armonización de normativas internacionales en un comercio agrícola que depende de la confianza de los consumidores y de la transparencia en la cadena de producción.

Para Perú, segundo exportador mundial de uva de mesa, el episodio constituye un recordatorio de que la competitividad no se mide solo en volumen y logística, sino también en la capacidad de demostrar estándares de inocuidad. Aunque el impacto económico inmediato sea limitado, la suspensión temporal subraya la necesidad de fortalecer los sistemas de control y de garantizar que toda la cadena, desde el campo hasta el embarque, esté alineada con las regulaciones de cada mercado destino.

El caso también marca un precedente para la región, ya que países como Ecuador, Chile y Colombia intensifican sus exigencias sanitarias para proteger a sus consumidores y reforzar la credibilidad de sus propios sistemas de control. En un escenario de mayor vigilancia global, cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones inmediatas y afectar la imagen de un sector clave para las economías andinas.