La Asociación Rural del Paraguay (ARP), junto a todos los gremios representativos del sector ganadero, expresó su rechazo absoluto e indeclinable a cualquier intento de avanzar en el levantamiento de la vacunación contra la fiebre aftosa en Paraguay. La postura fue formalizada en una nota enviada el pasado 24 de diciembre al presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martín Camperchioli, tras una reunión amplia y con representación plena del sector.

El documento -que también fue remitido a los ministerios de Agricultura y Ganadería y de Industria y Comercio- lleva la firma de todos los presidentes de los gremios ganaderos del país, consolidando una posición unificada frente a un tema considerado estratégico para la economía y la inserción internacional del Paraguay.

Desde la ARP advierten que insistir en un cambio unilateral del esquema sanitario profundizaría el conflicto, debilitaría la institucionalidad y pondría en riesgo la credibilidad del país ante los mercados internacionales, en un contexto donde la carne paraguaya sostiene empleo, divisas y competitividad externa.

El texto subraya que no pueden tomarse decisiones sanitarias de alto impacto sin el aval del eslabón productivo, remarcando que es el productor quien asume los riesgos, invierte y responde ante eventuales consecuencias. En ese sentido, los gremios manifestaron su extrema preocupación por las señales recientes del Senacsa, que -según el sector- apuntan a definiciones unilaterales, con motivaciones poco claras y sin participación activa de la producción.

La nota es contundente al señalar que Paraguay no reúne hoy las condiciones técnicas, operativas ni institucionales para levantar la vacunación bajo el esquema planteado. Hacerlo, advierten, implicaría subestimar los riesgos sanitarios y poner en jaque uno de los activos más valiosos del país: su estatus sanitario, clave para el acceso y la permanencia en los mercados internacionales de carne.

Defensa de la cogestión público-privada

Otro eje central del pronunciamiento es la defensa del modelo de cogestión público-privada, establecido por la Ley 808/96 y reconocido como una fortaleza del sistema sanitario paraguayo. Para la ARP, desconocer este principio no es una diferencia de criterio, sino una ruptura institucional, con consecuencias directas sobre la confianza y la previsibilidad del sistema.

En ese marco, el sector dejó en claro que no acompañará ningún proceso de levantamiento de la vacunación que no esté sustentado en responsabilidad técnica real, consenso efectivo con la producción y garantías plenas para el complejo cárnico.

El documento cierra con un mensaje que resume el posicionamiento del sector: "La sanidad animal no admite imposiciones. La producción ganadera no aceptará decisiones inconsultas. Paraguay no puede darse el lujo de retroceder".

El pronunciamiento cuenta con las firmas del presidente de la ARP, Daniel Prieto Davey, del secretario general Martín Filártiga Lamar, y de los presidentes de los gremios de razas y del sector cárnico, ratificando una postura sin fisuras frente a un debate que impacta de lleno en el futuro de la ganadería paraguaya.