La deforestación masiva impulsada por la ganadería ilegal está transformando los bosques tropicales de Nicaragua y provocando una crisis sanitaria y ambiental que ya se extiende por casi todo el país. El brote del gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax), una plaga que afecta a animales y humanos, se ha multiplicado en los últimos meses, asociado al traslado descontrolado de ganado desde zonas deforestadas hacia mataderos y corrales legales.

Un informe reciente de una organización ambiental internacional advierte que el auge del ganado en tierras indígenas y áreas protegidas no solo destruye los ecosistemas, sino que también alimenta la expansión de enfermedades. "La carne nicaragüense que se vende en mercados internacionales está impulsando la destrucción de los mayores remanentes de selva del país", señala el documento, calificando el brote del gusano barrenador como "uno de los más agresivos de los últimos años".

Entre enero de 2024 y junio de 2025, Nicaragua exportó más de 60 millones de kilos de carne bovina, por un valor superior a US$390 millones, según datos de comercio internacional recopilados por entidades de monitoreo ambiental.

Epidemia animal y pérdida de control

Los casos del gusano barrenador aumentaron de 11.930 a 19.700 entre enero y julio de 2025, según el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria. La plaga afecta a más de 13.000 cabezas de ganado, otros animales domésticos y silvestres, e incluso 125 personas. Los insectos depositan sus huevos en heridas y orificios de los animales, y sin controles veterinarios, la infestación se expande rápidamente.

La falta de coordinación y transparencia del gobierno nicaragüense, sumada a la debilidad de las campañas sanitarias, ha acelerado el avance del brote, de acuerdo con el informe. Aunque el país cuenta desde 2006 con un sistema nacional de trazabilidad ganadera, financiado con apoyo internacional, su aplicación es irregular y vulnerable al fraude.

El sistema, que exige marcas de identificación y permisos de transporte, debía impedir el movimiento de ganado desde zonas ilegales hacia mataderos, pero la corrupción y la falta de control territorial han neutralizado su efectividad. En 2021 estaban registrados más de 125.000 productores y 4,7 millones de cabezas de ganado, pero buena parte de las reses proviene de tierras deforestadas o indígenas.

En 2020, las autoridades y la industria prometieron excluir el ganado criado en áreas protegidas y reforzar la comunicación con comunidades indígenas. Sin embargo, en 2024, Nicaragua encabezó el ranking mundial de pérdida de bosque primario, con 94.800 hectáreas deforestadas, la mayoría convertidas en pasturas ilegales, según análisis internacionales.

Deforestación y violaciones a los derechos indígenas

La expansión ganadera ha penetrado profundamente en la Reserva Biológica Indio Maíz y en el territorio Mayangna Sauni Bas, en la costa Caribe norte. Investigaciones ambientales identificaron más de 80 puntos de acopio y venta de ganado dentro o cerca de zonas protegidas. En muchos casos, los animales criados ilegalmente son trasladados a corrales legales para ser "blanqueados" y registrados como provenientes de fincas autorizadas.

"Los miembros de nuestras comunidades son prisioneros dentro de sus propios territorios", denunció una asesora legal de comunidades indígenas de la Reserva Indio Maíz. "No tenemos acceso a nuestros recursos naturales, ni a cazar, pescar o vivir según nuestra cultura."

La ganadería extensiva ilegal no solo destruye el bosque tropical -uno de los últimos pulmones verdes de Centroamérica-, sino que alimenta un mercado de exportación concentrado en pocos mataderos, que abastecen tanto al mercado local como a plantas procesadoras en el extranjero.

Expertos sostienen que los países importadores deben garantizar que la carne que llega a sus supermercados no provenga de deforestación ni de actividades ilegales, e instan a aplicar leyes que prohíban el ingreso de productos agrícolas asociados a la pérdida de bosques.

Las organizaciones ambientales recomiendan a las autoridades nicaragüenses implementar un sistema de trazabilidad integral, basado en registros catastrales y mapas georreferenciados que impidan la apropiación de tierras indígenas. Además, piden al gobierno desmantelar las fincas ilegales dentro de reservas naturales y territorios comunitarios.

"Solo adoptando medidas estructurales -advierte el informe- podrá reducirse la deforestación, frenar la expansión del gusano barrenador y proteger los derechos humanos de las comunidades afectadas."