El Canal de Panamá, pieza clave del comercio marítimo mundial, ya tiene aprobado su presupuesto para el ejercicio fiscal 2025/26. La Asamblea Nacional avaló una propuesta de US$5.210 millones, de los cuales US$3.190 millones irán directamente a las arcas del Estado, lo que representa un aumento del 14,5% frente al año anterior.

La decisión se tomó en un contexto de expectativas mixtas: la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anticipa un beneficio neto de US$3.500 millones al cierre del año fiscal 2024/25, aunque proyecta menos tránsitos en 2026 debido a la incertidumbre económica internacional y a la persistencia de desafíos climáticos que afectan la disponibilidad de agua.

El presupuesto aprobado contempla, además, recursos para inversiones estratégicas, entre ellas la construcción de un nuevo embalse en el río Indio, valorado en US$1.600 millones, con el objetivo de ampliar la capacidad hídrica que garantiza las operaciones de las esclusas.

El dilema del agua y la oposición social

El proyecto del embalse busca evitar episodios como el de 2023, cuando una severa sequía obligó a reducir el número de tránsitos diarios en la vía interoceánica. Cada paso de barco por las esclusas requiere millones de galones de agua dulce, lo que vuelve al canal vulnerable frente a los cambios en el régimen de lluvias.

Sin embargo, el plan enfrenta fuerte resistencia local. Se estima que 2.500 personas serían desplazadas de sus tierras en la cuenca del río Indio. Organizaciones de agricultores ya presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Panamá, argumentando que el proyecto viola la Constitución y que la mayoría de los residentes rechaza abandonar la zona.

El debate abre un dilema clásico: cómo balancear la seguridad hídrica del canal, vital para el comercio global y la economía panameña, con la defensa de los derechos de las comunidades rurales que habitan la región.

Presiones geopolíticas

El canal no solo es una infraestructura crítica para Panamá, sino también un punto neurálgico en la disputa de influencia entre Estados Unidos y China. Washington ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la presencia de empresas chinas en el ecosistema portuario y logístico panameño. La administración de Donald Trump llegó incluso a prometer que "recuperaría el canal" ante lo que considera una injerencia excesiva de Pekín.

En este marco, la aprobación del presupuesto y de las nuevas inversiones no solo tiene un impacto económico y social, sino también un alto contenido geopolítico, al reforzar el rol del canal como pieza central del comercio internacional y como terreno de competencia estratégica entre potencias.

Un futuro con más desafíos

El reto inmediato será ejecutar las obras y garantizar que el embalse propuesto cumpla con los estándares técnicos y ambientales, al tiempo que se gestiona el impacto social. En paralelo, la ACP deberá diseñar estrategias para mantener la competitividad del canal frente a la reducción de tránsitos y la creciente presión de rutas alternativas en el comercio global.

Con todo, el presupuesto aprobado para 2025/26 refleja la importancia del canal como motor de ingresos públicos y su condición de activo estratégico para Panamá y para el mundo. El equilibrio entre rentabilidad, sostenibilidad y legitimidad social marcará el rumbo de la vía interoceánica en los próximos años.