Panamá vive una nueva crisis en su sector arrocero. La reciente aprobación de una importación por 1,1 millones de quintales de arroz en cáscara ha desatado una pugna encarnizada: mientras el Gobierno busca garantizar el abastecimiento, los productores alertan sobre el riesgo de quiebra del campo.

Productores de regiones como Chiriquí, Darién y Panamá Este han denunciado que la medida, oficializada el 5 de junio, es incluso considerada "ilegal" por varios actores. El argumento principal es la existencia de inventario interno suficiente para cubrir los próximos 3,8 meses, hasta la cosecha prevista para septiembre.

La incomodidad rural se expresa también en la logística: los silos operan a máxima capacidad, lo que plantea la duda de dónde se almacenaría el arroz importado. Para muchos agricultores, se trata de una jugada que permite a los molinos priorizar importaciones a bajo costo, ignorando la oferta local. El precio actual por quintal ronda los $27, dejando márgenes mínimos - apenas 13% de rentabilidad para quienes ya enfrentan altos costos de insumos y transporte.

Frente a este escenario, la reunión extraordinaria convocada a fines de junio fue aplazada al 2 de julio, generando aún más frustración entre los productores que esperaban definiciones inmediatas sobre la importación y los pagos atrasados. Expresiones como "pone en riesgo la actividad local" y "amenaza la soberanía alimentaria panameña" comenzaron a inundar las conversaciones en el campo.

En contraposición, los molineros, representados por Analmo, aseguran que poseen infraestructura y capacidad de almacenamiento suficiente, lo que justificaría el movimiento sin afectar las reservas internas. También se rechaza la idea de que la medida afecte al productor: según Andia, esta operación forma parte de un mercado integrado que busca mantener precio justo, continuidad operativa y abastecimiento.

Mientras tanto, entidades como la Federación de Productores de Darién y Panamá Este señalan que deudas millonarias con el MIDA - alrededor de USD70 millones pendientes - agravan la situación, pues sin liquidez no hay financiamiento posible para la próxima siembra.

A pesar de la crisis, otros estudios advierten que Panamá ha logrado un desempeño notable: en el ciclo 2022-23 produjo 8,7 millones de quintales, proyectando cerca de 9,6M q para 2023-24. El problema radica en que, entre los altos costos de producción, importaciones crecientes y estructuras de pago pendientes, el ecosistema arrocero ha perdido sostenibilidad.

El debate actual confronta dos visiones:

• Productores, que reclaman protección al cultivo nacional, financiamiento oportuno, regulación de importaciones y precios que cubran costos.

• Agroindustria, que defiende mantener un stock estratégico para evitar desabastecimiento en mercados alimenticios sensibles.

Más allá del volumen importado, la disputa revela una tensión estructural: ¿puede Panamá garantizar su seguridad alimentaria sin sacrificar a sus productores rurales? Con silos llenos, deudas impagas y una importación histórica en ciernes, el campo exige definiciones claras que definan el rumbo de la próxima zafra.