Panamá se encuentra en una etapa clave del proceso legislativo para establecer una Ley de Bienestar Animal con enfoque agropecuario, un proyecto que busca establecer parámetros claros sobre el trato, manejo y protección de los animales en todo el territorio nacional, sin poner en riesgo la viabilidad de la producción ni los intereses de los sectores rurales.

El anteproyecto, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), ha sido trabajado en conjunto con diversas instituciones públicas, gremios del agro, representantes de asociaciones de productores, técnicos veterinarios, expertos legales y organizaciones dedicadas a la defensa de los animales. El enfoque ha sido técnico, participativo y enfocado en construir consensos que permitan una ley moderna, equilibrada y aplicable a la realidad nacional.

Recientemente, autoridades del MIDA realizaron una mesa de revisión de los avances del documento, en una jornada que convocó a más de 40 representantes de distintos sectores, incluyendo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, la Universidad de Panamá, miembros de la Asamblea Nacional, productores agropecuarios, ONG animalistas y colegios veterinarios. El objetivo fue repasar los artículos del texto legal y escuchar aportes para su fortalecimiento.

La propuesta legislativa parte del principio de que el bienestar animal es un componente fundamental de la sostenibilidad agropecuaria, no solo por razones éticas, sino también por sus impactos en la productividad, la sanidad, la inocuidad de los alimentos y la imagen internacional del país. Así lo expresó la viceministra de Desarrollo Agropecuario, Alexis Pineda, quien reiteró que este anteproyecto no es una imposición, sino el resultado de un trabajo técnico y multisectorial.

Uno de los ejes clave del texto es establecer definiciones claras sobre conceptos como bienestar, maltrato, crueldad, deber de cuidado, eutanasia humanitaria y condiciones mínimas de tenencia, cría, transporte y sacrificio. La ley también prevé la creación de protocolos de actuación ante denuncias, la responsabilidad compartida entre entidades y ciudadanos, y un régimen sancionatorio progresivo. Además, contempla la capacitación continua de técnicos y productores, con enfoque preventivo más que punitivo.

Los productores, por su parte, han planteado la necesidad de distinguir entre prácticas tradicionales, manejo zootécnico y situaciones de maltrato real, para evitar criminalizar actividades productivas legítimas. En ese sentido, se valora que el borrador de ley considere las realidades del campo panameño, respetando la cultura rural sin renunciar a estándares mínimos de bienestar.

Desde las organizaciones civiles y veterinarias se ha subrayado la importancia de que la ley incluya no solo animales de producción, sino también animales de compañía y silvestres bajo cuidado humano, lo que ha sido recogido en versiones más recientes del documento. También se ha solicitado que las sanciones contemplen mecanismos de educación, reconversión y mediación antes de llegar a instancias judiciales.

Este proceso se da en un contexto internacional donde el bienestar animal adquiere cada vez mayor peso en los acuerdos comerciales, las certificaciones sanitarias y las decisiones de consumo. Panamá, que exporta productos de origen animal y aspira a abrir nuevos mercados, necesita contar con una normativa que respalde prácticas responsables y trazables, tanto para el consumo interno como externo.

Además, la ciudadanía panameña muestra un creciente interés por este tema, reflejado en las redes sociales, las campañas de sensibilización y el activismo juvenil. La futura ley, por lo tanto, no solo impactará al sector agropecuario, sino también al tejido social, educativo y sanitario del país.

Aunque todavía resta un tramo antes de que el anteproyecto llegue formalmente a la Asamblea Nacional, los actores involucrados coinciden en que este proceso es un paso firme hacia la construcción de una cultura de respeto y cuidado hacia los animales, con un enfoque técnico, humanista y sostenible.

Panamá se encamina así hacia una legislación moderna que, sin frenar el desarrollo agropecuario, refuerce la responsabilidad compartida en la forma en que el país convive, trabaja y se relaciona con los animales. La clave estará en el equilibrio, la aplicación efectiva y la educación continua.