La estructura del negocio frigorífico en Paraguay quedó bajo la lupa de la autoridad de competencia, en un proceso que avanza hacia una investigación formal por posibles conductas anticompetitivas en uno de los sectores más relevantes de la economía ganadera del país.

La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) se encuentra en la etapa final de análisis técnico y prepara los pasos administrativos necesarios para abrir sumarios a las principales empresas frigoríficas, con el objetivo de determinar si existió coordinación indebida de comportamientos en un mercado altamente concentrado.

El foco de la investigación no está puesto en los niveles de precios en sí mismos, sino en la forma en que se habrían formado, tanto en la compra de ganado en pie como en la venta de carne en el mercado interno. El análisis busca establecer si la estructura del sector pudo haber limitado la competencia efectiva, con impacto directo sobre el ingreso del productor ganadero y los valores que paga el consumidor final.

Un mercado concentrado y bajo observación

El avance del proceso se apoya en un estudio técnico previo que identificó un alto grado de concentración en el eslabón industrial, con alrededor del 70% de la faena y de las exportaciones de carne bovina concentradas en un reducido número de frigoríficos. Esa configuración, si bien no constituye por sí sola una infracción, puede facilitar prácticas restrictivas cuando no existe una competencia plena entre los actores dominantes.

En este contexto, la Conacom evalúa si pudieron haberse dado conductas coordinadas, explícitas o implícitas, entre empresas que operan en un mercado donde la capacidad de influir sobre precios y condiciones comerciales es elevada.

Desde el organismo aclararon que no se trata de un control de precios, sino de un procedimiento alineado con el marco legal de defensa de la competencia, cuyo objetivo es preservar mercados transparentes y competitivos.

Plazos y señales para la cadena ganadera

Si el Directorio autoriza la apertura de los sumarios, la investigación contará con un plazo máximo de 180 días, período en el que la autoridad podrá requerir información adicional, analizar prácticas comerciales y evaluar el comportamiento del mercado. Durante ese tiempo no se prevén sanciones automáticas, ya que el proceso apunta a construir evidencia técnica y jurídica sólida.

El avance del caso es seguido de cerca por toda la cadena cárnica, en un momento en que Paraguay consolida su perfil exportador y enfrenta mayores exigencias en materia de transparencia, competencia y gobernanza de mercados. El resultado de esta investigación podría marcar un precedente relevante para la relación entre industria, productores y consumidores, en un sector estratégico para el país y para el comercio regional de carne.