La producción de tilapia en el norte de Sinaloa enfrenta una de sus situaciones más complejas en la última década. El mercado, presionado por la pesca libre en presas de Nayarit y la creciente entrada de producto importado desde China, ha llevado a los productores formales de Guasave y Los Mochis a operar prácticamente sin utilidad, con riesgos directos para la continuidad de la actividad.

Jazam Zazueta, referente de los acuacultores de la zona, afirmó este 18 de noviembre que el impacto más severo no proviene del pescado de origen asiático, sino del volumen que ingresa diariamente desde la presa Aguamilpa, en Nayarit, donde la extracción sin regulación permite colocar tilapia entre 25 y 30 pesos por kilo, muy por debajo del costo de producción sinaloense, que ronda los 40 pesos.

"Cuando el año pasado vendíamos arriba de los 50 pesos por kilo manteníamos un margen de 20 a 25%. Hoy apenas salimos tablas y eso sin registrar fallas en la granja. Más del 50% de los productores no sembrará la próxima temporada; no es negocio trabajar para perder", sostuvo.

En la región operan entre 25 y 30 acuacultores formales, además de un número desconocido de informales. Debido al uso de sistemas intensivos, el esquema no se mide en hectáreas sino en volúmenes de agua: tinas de 100 a 150 metros cúbicos que requieren altos costos diarios en energía, alimento y mantenimiento. Para sostenerse, la tilapia local debería venderse al menos a 53-54 pesos por kilo.

A la presión económica se suma la diferencia en calidad e inocuidad. Mientras la tilapia de pesca libre se alimenta de lo que encuentra -microalgas, insectos, restos orgánicos e incluso posibles contaminantes-, los productores de Sinaloa trabajan con certificaciones de Senasica y acompañamiento del Comité de Sanidad Acuícola del Cesasin, lo que garantiza un producto trazable y bajo estándares controlados.

"La calidad está probada, pero el bolsillo del consumidor manda. Si hay algo más barato, lo compra, aunque no tenga el mismo nivel sanitario", lamentó Zazueta.

Los acuacultores advierten que si no se corrige la desigual competencia y no se fortalecen los mecanismos de regulación, la actividad podría apagarse de forma progresiva, afectando el empleo rural, la producción alimentaria y las inversiones ya realizadas en infraestructura.

La decisión de sembrar en 2026 dependerá del comportamiento del mercado y del tipo de respuesta que den las autoridades para proteger a la acuacultura nacional, un sector estratégico para el noroeste mexicano.