La garrapata bovina, una de las plagas más persistentes y costosas para la producción ganadera, vuelve a estar en el centro de la agenda agropecuaria uruguaya. Consciente de que se trata de un problema que no solo afecta la salud animal, sino también la competitividad internacional de la carne, Uruguay prepara el lanzamiento de un plan nacional de combate que busca integrar a productores, técnicos e instituciones en una estrategia común.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) coordinarán esta iniciativa, cuyo objetivo es reducir el impacto económico de la garrapata y garantizar que la carne uruguaya continúe siendo reconocida en el mundo por su inocuidad y trazabilidad.

Una amenaza sanitaria con impacto en los mercados

La garrapata no solo provoca pérdidas productivas por menor ganancia de peso y daños en el cuero, sino que también obliga a un mayor uso de garrapaticidas. Este aspecto resulta especialmente sensible para los mercados internacionales, donde los consumidores exigen carne libre de residuos químicos y bajo estándares de seguridad cada vez más estrictos.

En este marco, el plan incorpora un sistema de monitoreo nacional de residuos en la cadena cárnica bovina, que permitirá controlar el uso de productos veterinarios y reforzar la confianza en los embarques de exportación.

Además, se prevé la actualización de los protocolos de manejo a campo, la capacitación a productores en prácticas más sostenibles y el desarrollo de herramientas de control biológico y genético a través de la investigación de INIA.

El gobierno y las instituciones involucradas plantean que esta será una estrategia de largo plazo, con énfasis en la articulación entre ciencia y campo, algo que, según referentes del sector, resulta clave para frenar el avance de la plaga y reducir la dependencia de químicos tradicionales.

Con la carne como uno de los motores de la economía uruguaya, la lucha contra la garrapata deja de ser un tema exclusivamente sanitario para convertirse en una política estratégica de país, que busca blindar la reputación del producto en los mercados más exigentes y asegurar la rentabilidad de miles de productores.