En enero de 2026 , la secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke Rollins, intensificó la atención nacional sobre un controvertido plan para eliminar las presas Scott y Cape Horn en el norte de California , alegando la posible devastación para la agricultura, el suministro de agua y la resistencia a los incendios forestales . El proyecto, liderado por PG&E y apoyado por funcionarios californianos , amenaza el riego de más de 307,000 acres río abajo , lo que genera un conflicto entre las prioridades rurales federales y los objetivos ambientales estatales .

La Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ha centrado la atención en el plan de PG&E de desmantelar las represas de Potter Valley en el norte de California, calificando el desmantelamiento propuesto de la represa Scott y la represa Cape Horn de "imprudente" y una amenaza directa a la seguridad hídrica y los medios de vida agrícolas en cinco condados rurales.

En una conferencia de prensa celebrada en enero de 2026 , Rollins reafirmó la intervención formal del USDA ante la FERC (Comisión Federal Reguladora de Energía) , que actualmente revisa la solicitud de PG&E para el desmantelamiento de las presas centenarias. Estas presas, si bien dejaron de generar electricidad desde 2021, continúan almacenando y desviando agua esencial para la agricultura, los hogares rurales y la respuesta a incendios forestales . La infraestructura sustenta más de 307,000 acres de regadío y aporta $1,4 mil millones en producción agrícola a la economía de California.

Agricultura rural vs. política ambiental.
Rollins relacionó el problema con preocupaciones más amplias sobre la marginación rural bajo políticas ambientales que, según ella, favorecen a los peces sobre las personas. La clave de la remoción es el esfuerzo por restaurar las poblaciones de salmón y trucha arcoíris del río Eel , que desde hace tiempo han sido objeto de atención por parte de defensores del medio ambiente y de la administración del gobernador Gavin Newsom .

Pero Rollins y una coalición de productores locales, funcionarios rurales y defensores de las explotaciones agrícolas sostienen que la eliminación de las represas provocará el colapso de los acuíferos, pozos secos, pérdidas de cosechas y vulnerabilidad a los incendios , especialmente en áreas donde las lluvias terminan en primavera y el riego en verano es esencial.

"Se trata de garantizar que las zonas rurales de Estados Unidos no solo sobrevivan, sino que prosperen", dijo Rollins. "Sin estas presas, estamos poniendo en riesgo innecesario a miles de personas y miles de millones de dólares en producción".

Se temen consecuencias económicas y ambientales.
Rich Brazil , ganadero del valle de Potter y director del Proyecto Salven el Valle de Potter , advierte sobre la pérdida de agua en viviendas y fincas , la devaluación de las propiedades y el aumento del riesgo de incendios. El lago Pillsbury , abastecido por la presa Scott, no solo es un centro recreativo local, sino también una fuente estratégica de agua durante la temporada de incendios .

Líderes locales como Todd Lands , vicealcalde de Cloverdale, argumentan que el plan también devastará el ecosistema del río Ruso , una vía fluvial que abastece a pueblos tan lejanos como el condado de Marin. "Si el río se seca, se pierden peces, vida silvestre y agua potable. Eso no es protección ambiental, es destrucción", declaró Lands.

High Costs, Higher Stakes
PG&E estimates dam removals could cost $530 million, with that bill likely falling on ratepayers, not shareholders. By contrast, proposals to retrofit the dams with fish ladders could cost just a fraction-roughly 10%-of that amount, according to local sources.

"Why spend $530 million to save $5 million in maintenance?" Brazil asked. "Ratepayers will be on the hook while PG&E dodges the real cost."

What Comes Next?
The dam removals are subject to a lengthy FERC review process, including an Environmental Impact Statement under NEPA, public comment periods, and inter-agency consultations. While there's no set timeline, some experts believe a final decision may take up to five years. Notably, the Trump administration's rollback of NEPA rules could accelerate FERC's process, though questions remain about whether FERC can reject a surrender application outright.

USDA's position may help shape the terms of any final action. Rollins has called for either denial of PG&E's decommission request or mandated alternatives such as relicensing or facility upgrades.

National Ag Policy Flashpoint
The Potter Valley fight joins a string of high-profile USDA interventions under Rollins, including opposition to eminent domain threats in New Jersey and federal prosecutions of South Dakota ranchers. It also pits the Trump administration squarely against California's Democratic leadership, signaling a deepening rift between federal rural policy and state-level environmentalism.

"This is one of the existential battles of our time," Rollins said. "Water is life-and without it, farming dies. We won't let that happen on our watch."