Resulta inobjetable la iniciativa del candidato Alberto Fernández de proponer una cruzada para reducir el hambre en la Argentina. Conoce del tema: su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, dejó la indigencia en torno a 5% a fines de 2015 según la UCA; en tanto se calcula que Mauricio Macri terminará su primer mandato con 2 o 3 puntos más, de acuerdo al recuperado Indec.
El problema es que todo lo que se anuncia y se propone para enfrentar este flagelo, en el mejor de los casos, puede ayudar a una mejor administración de la asistencia social por parte del Estado a los más necesitados. Pero en ningún caso ataca la fuente más evidente y palpable que hace décadas genera pobreza e indigencia en la Argentina: la inflación y devaluación sistemática de la moneda.
No falta tanto para saber si en serio preocupa el hambre en la Argentina. Con los resultados de la primera vuelta, se defina la elección o se requiera un ballottage, a partir del lunes 28 el país ingresará en la cuenta regresiva para saber si de la actual encrucijada económica se va a salir en forma ordenada y civilizada, sin default ni nuevas y peligrosas devaluaciones, o si la transición hasta fin de año será un calvario económico y financiero, con nuevas devaluaciones, aceleración inflacionaria y renovadas corridas de depósitos.
Para mantener la estabilidad financiera es imprescindible que la Argentina despeje las dudas sobre si habrá default, recomponer la confianza para que termine la sangría de reservas y se estabilicen los depósitos. Hay compromisos millonarios en pesos y en dólares que vencen desde ahora y hasta mayo del año próximo, y no está el dinero. Ni los dólares ni los pesos. Y no se puede emitir tan fácil sin respaldo, porque la inflación se acerca a los tres dígitos anuales y no hay reservas si se alimenta el fuego de la devaluación con nafta.
El equipo económico del Gobierno, en Hacienda y en el Banco Central, aseguran que tienen los dólares para pagar todos los vencimientos hasta fin de año, con lo que garantizan que Macri termine este mandato sin default. Y argumentan que la deuda a renegociar con el FMI y con el sector privado es totalmente manejable. Suponen que si Alberto Fernández gana la elección no tendría sentido parta él romper con los acreedores, penaría sin crédito y en crisis permanente la mitad de su mandato, por lo menos.
Consideran en Hacienda y en el Central que las reservas disponibles le dan tiempo para sentarse con el FMI y los acreedores. Prometen colaboración y suponen que, si se dan señales razonables a los mercados a partir del 28 de octubre, no hay motivos para nuevas devaluaciones o corridas. Están convencidos de que Macri, aun perdiendo y sin acuerdo con Alberto, tiene las reservas para terminar su mandato sin default y sin hiperinflación.
Hay un elemento de la realidad que no coincide con esta mirada: los precios de los bonos argentinos, si bien se recuperaron del derrumbe histórico que sobrevino con el resultado de las PASO, cotizan en la convicción de que no habrá ninguna renegociación amigable de la deuda, y que la Argentina tiene serias chances de ingresar en cesación de pagos en un futuro cercano.
Podrían darse una sucesión de fuertes devaluaciones para licuar parte de la deuda y el gasto, que si algo debe explotar que le explote al que se va, no al que llega. Argumentan que para lograr un acuerdo con el Fondo y los acreedores, el país debería cumplir un ajuste fiscal ya probado impracticable por las buenas, que lo lleve del actual déficit primario de 1% del PBI, a un superávit de por lo menos 1 o 2 puntos.
Imposible en un país con el gasto público intocable e indexado en dólares, donde si se expropiara con más impuestos todos los campos y todas las propiedades del país ni siquiera alcanzaría para dos meses de salarios, planes y jubilaciones que paga el Estado.
Ponerse a discutir en serio el tamaño del sector público, la inflación, la estabilidad de la moneda y los impuestos que ahogan a las familias y a las empresas será definitivo para el futuro de la pobreza y la indigencia.
No hay plan contra la pobreza posible sin bajar la inflación. Mucho menos sin la creación de riqueza, para lo que se requiere crédito e inversión. Y, desde luego, rentabilidad.
Y la inflación, sea con Cristina o con Macri, es siempre la consecuencia de lo mismo: tener que financiar con deuda o con emisión, o con ambas cosas, el eterno déficit entre lo que gasta el Estado y lo que recauda.
Un desequilibrio que está indexado, intocable para la Justicia, y que no se reduce ni en el gobierno nacional, ni en las provincias ni en los municipios, a pesar de que los gobiernos cobran cada vez más impuestos a cada vez más argentinos.
El plan de la oposición, que por sus loables objetivos recibió el respaldo de empresarios, dirigentes sociales y sindicales y hasta representantes de credos y religiones, no dice una palabra de la inflación. Mucho menos del déficit fiscal y el gasto público.
Ninguna responsabilidad para el Estado en la generación de pobreza. Y eso que en un litro de leche, entre el tambo y la góndola, hay más de 100 impuestos en cascada. O el impuesto al agua, único país en el mundo donde la mitad del precio al público de una botella de agua mineral es impuesto.
Para sacarse la responsabilidad de encima respecto de cómo administran el Estado, y cómo el déficit que nunca reducen y siempre aumentan dispara inflaciones y devaluaciones que suman pobres e indigentes, reaparece la estrategia de la dirigencia política de quitarse la responsabilidad en el fracaso colectivo y poner el foco en el sector privado.
Son las empresas y los productores de alimentos que pretenden precios de mercado en lugar de precios políticos; son las empresas y los supermercados que se cartelizan, son los que trabajan y producen alimentos para todo el mundo, pero no son solidarios con los propios argentinos. Prefieren producir poco y cobrar mucho, en lugar de aumentar la rentabilidad por volumen y no por precio.
Es válido y muy movilizadora la pregunta que una vez más se formula la política y los formadores de opinión en la Argentina. Cómo puede ser que un país, que produce o puede producir alimentos para 400 millones de habitantes, tenga problemas de indigencia entre su población.
Es posible que existan problemas de competencia, también ineficiencias en las cadenas productivas. Pero convendría más preguntarse por qué en la Argentina se da este fenómeno tan vergonzoso.
Poner la responsabilidad en las empresas parece un poco simplista, bastante injusto. Probablemente tenga más que ver con el Estado que distribuye, menos con los que producen, trabajan y pagan los impuestos.