Pese a que cuatro provincias votaron contra la continuidad del proyecto, el gobernador Rodolfo Suárez no esperará el laudo presidencial y este viernes abrirán las ofertas para la construcción de la represa sobre el Río Colorado
El proyecto agravó una pelea histórica entre Mendoza y la Pampa
A pesar del revés político que sufrió la semana pasada, el gobierno de Mendoza avanzará con la licitación de la represa Portezuelo del Viento, al entender que ya se realizaron dos estudios de impacto ambiental sobre toda la cuenca del Río Colorado que fueron aprobados por el Comité Ejecutivo de Coirco, el órgano interjurisdiccional por medio del cual cinco provincias controlan el manejo de esa cuenca.
"Seguimos adelante. Lo que resolvió Coirco no tiene el poder legal para frenar el proceso", apuntaron a BAE Negocios fuentes de la administración de Rodolfo Suárez. La intención del mandatario es adjudicar las obras para el proyecto a fin de año, aunque la fecha dependerá también del laudo que le solicitaron al presidente Alberto Fernández, después de que Neuquén, Buenos Aires, La Pampa y Río Negro votaran en contra de la continuidad del proyecto en las condiciones actuales.
Es que el 26 de junio, los mandatarios Axel Kicillof, Arabela Carreras, Omar Gutiérrez y Sergio Ziliotto acordaron solicitar un nuevo estudio de impacto ambiental y audiencias públicas para avanzar con las obras.
Portezuelo es una mega represa cuya construcción sobre el río Grande se viene proyectando desde hace décadas y finalmente tomó impulso en el tramo final del gobierno de Mauricio Macri, que terminó avalando el financiamiento en cuotas por parte del Tesoro nacional por USD1.000 millones, contra los USD300 millones que iba a costar originalmente. La Pampa siempre se opuso porque arrastra una pelea histórica con el distrito cuyano, en particular a partir del conflicto entre las dos jurisdicciones por el río Atuel. De ahí que en los últimos cuatro años, votó siempre en contra en las reuniones del comité ejecutivo y del consejo de Gobierno de Coirco.
Este último está conformado por los mandatarios de las cinco provincias que recorre el Colorado y es presidido por el ministro del Interior. Como debe funcionar por consenso, cuando no hay acuerdo se pide un laudo al presidente. Macri siempre lo hizo a favor de Mendoza y de hecho el último pedido deLa Pampa durante su gestión había sido archivado.
En el Gobierno de Suárez apuntan contra Neuquén y Río Negro, ya que anteriormente habían avalado el estudio, y en la cumbre del viernes del Consejo dieron vuelta sus votos a pesar de que sus mandatarios no cambiaron de signo político, como fue el caso de Buenos Aires.
Desde Mendoza argumentan que hubo dos estudios de impacto ambiental: uno de la Universidad de Cuyo en la provincia, sobre el Río Grande (en el que se construirá la represa) y otro sobre toda la cuenca del Colorado -en el que desemboca, de ahí la injerencia del resto de las provincias- que llevaron adelante la Universidad del Litoral en conjunto con la de La Plata. "Sólo con el primer estudio ya alcanzaba para cumplir lo que pide la ley", comentó a este medio una fuente con conocimiento de todo el proceso, independiente de todas las partes involucradas.
Cuando el comité discutió sobre este último, el representante pampeano planteó que "la calidad técnica" de esas casas de estudio "es excesivamente baja", según consta en las actas de Coirco. Finalmente se aprobó, aunque no en la instancia del Consejo de Gobierno.
Por lo pronto, habrá una nueva reunión de gobernadores dentro de diez días, ya con los sobres de la oferta abiertos. En ese sentido, se espera una participación reducida de las grandes constructoras argentinas, que denunciaron condiciones desfavorables, y fuerte presencia de empresas locales, que irán asociadas con alguna compañía china como Gezhouba o Powerchina, las únicas que calificarían para llevar adelante un proyecto de esta magnitud.
Por su parte, el presidente cuenta con 14 meses para laudar, mientras el ex gobernador Alfredo Cornejo propuso independizar el distrito. Aunque el malestar también se sintió en las filas del oficialismo, tal como lo planteó la senadora Anabel Fernández Sagasti. El 28 de julio, Alberto deberá girar la cuarta cuota para Portezuelo, por USD18,5 millones salvo que resuelva renegociar el acuerdo extrajudicial que dio origen al proyecto, entre Néstor Kirchner y Julio Cobos en el 2006.
Por Ignacio Ostera
