Hablar de agricultura sostenible en Bolivia resulta sencillo desde un escritorio. Lo difícil es pedirle sostenibilidad a quien cada campaña enfrenta costos crecientes, incertidumbre, restricciones y una tecnología que llega tarde. El mensaje planteado por ANAPO en Santa Cruz obliga a mirar una realidad incómoda: cuidar el suelo y producir responsablemente también exige que la actividad sea económicamente viable y tenga reglas previsibles.

La sostenibilidad no puede reducirse a una consigna ambiental. Necesita, como planteó el presidente de ANAPO, Abraham Nogales, tres dimensiones inseparables: ambiental, económica e institucional. Un productor puede comprometerse con la conservación del suelo, el agua y los bosques, pero difícilmente sostendrá inversiones de largo plazo cuando no conoce cuáles serán mañana las reglas para exportar, producir o acceder a tecnología.

Ese es quizás uno de los debates que Bolivia ha postergado demasiado. Mientras Brasil y Argentina incorporaron durante décadas biotecnología, agricultura de precisión, genética y nuevas herramientas para mejorar rendimientos, nuestros productores continúan reclamando condiciones equivalentes. No significa abrir las puertas sin evaluación científica ni regulación, sino comprender que competir internacionalmente exige disponer de instrumentos comparables con los de nuestros vecinos.

También existe una contradicción que merece atención. Al productor boliviano se le pide eficiencia, precios competitivos, abastecimiento interno y responsabilidad ambiental, mientras debe enfrentar dificultades vinculadas al combustible, las exportaciones y el acceso tecnológico. Si las exigencias responden cada vez más a parámetros internacionales, resulta razonable discutir por qué las herramientas disponibles para alcanzar esos parámetros siguen siendo diferentes.

Los números explican por qué esta discusión supera los intereses de un gremio. ANAPO representa a más de 14.000 productores, principalmente pequeños, y señala que en 2025 el sector generó más de 1.100 millones de dólares en exportaciones y produjo más de 5,6 millones de toneladas de granos. En una economía necesitada de dólares, producción y empleo, semejante capacidad productiva debería ser considerada un activo estratégico nacional.

Hay además una dimensión que frecuentemente olvidamos: detrás de la soya, el maíz, el trigo, el sorgo o el girasol está buena parte de nuestra seguridad alimentaria. Esos cultivos forman cadenas que terminan en aceite, pollo, carne, leche y huevos presentes diariamente en las mesas bolivianas. Por eso, cuando disminuye la productividad del campo, el problema no permanece dentro de una propiedad rural: termina trasladándose al consumidor y a toda la economía.

El Congreso Internacional de Agricultura Sostenible abre, en ese sentido, una discusión necesaria sobre agricultura por ambientes, análisis geoespacial, bioinsumos, genética y manejo de suelos. No son conceptos reservados a especialistas. Son herramientas que pueden permitir producir más por hectárea utilizando mejor el agua, los fertilizantes y otros insumos. La verdadera sostenibilidad debería medirse también por esa capacidad de hacer más eficiente cada recurso utilizado.

Bolivia tiene mucho que aprender de las experiencias regionales, pero también condiciones propias que deben ser consideradas. Compartir conocimiento con especialistas de Argentina y Brasil no implica copiar modelos automáticamente. Significa aprovechar décadas de aprendizaje en territorios con características productivas similares. La agricultura moderna requiere ciencia, evaluación de riesgos, capacitación y políticas públicas capaces de acompañar al productor en lugar de mantenerlo permanentemente rezagado.

El desafío será evitar que la sostenibilidad termine convertida en otra palabra atractiva para congresos y discursos. Para cuidar los recursos naturales hacen falta productores que puedan invertir, planificar y permanecer en la actividad. Eso demanda seguridad jurídica, financiamiento, tecnología, infraestructura y mercados. La conservación ambiental y la rentabilidad no deberían presentarse como enemigos: bien gestionadas, son condiciones que pueden reforzarse mutuamente.

Bolivia necesita decidir qué agricultura quiere construir para las próximas décadas. Si aspiramos a garantizar alimentos, generar divisas y competir regionalmente, debemos ofrecer reglas claras y promover innovación con responsabilidad. Exigir al campo que produzca más mientras se restringen las herramientas para conseguirlo es una contradicción difícil de sostener. El futuro del agro dependerá de producir mejor, pero también de permitir que hacerlo siga valiendo la pena.