Dejados de lado los pruritos que el tema provocaba en campaña, allá por 2019, el Gobierno está decidido a avanzar con la ratificación del acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que tiene por objetivo acrecentar la cooperación, la coordinación política y, sobre todo, incrementar el comercio birregional con la conformación de un régimen preferencial para el intercambio de bienes y servicios, y la llegada de inversiones, en un mercado potencial de 800 millones de consumidores de un lado y otro del Atlántico.
Aunque anunciado a mediados de 2019, al cierre de la Cumbre del G20 en Japón por el presidente Mauricio Macri y los entonces líderes de la Comisión Europea, el tratado está lejos de entrar en vigor debido a las resistencias de las fuerzas productivas de Francia, Irlanda, Polonia y, en menor medida, los Países Bajos, que ven en la rebaja de aranceles un grave peligro para el sector agropecuario, fuertemente subsidiado en el viejo continente.
Desde que el acuerdo fue anunciado, cientos de protestas y repudios públicos se sucedieron en los países mencionados y varios parlamentos se manifestaron en contra de su ejecución. Para salir del impasse, el Gobierno argentino, este semestre a cargo de la presidencia rotativa del Mercosur, aceptó discutir la incorporación de adendas ambientales para asegurar, de alguna forma, que la producción sudamericana se atendrá a los estándares europeos de sanidad y no abusará de sus ventajas competitivas, por costo y productividad.
De todos modos, el Gobierno reniega de firmar un "cheque en blanco" y por lo tanto avisó en Bruselas, la capital política de la unión, que no aceptará la aplicación unilateral de suspensiones a las exportaciones en caso de generarse alguna controversia. El Mercosur quiere, de este modo, evitar un abuso europeo de las salvaguardas que el acuerdo ya incluye y permiten detener un flujo sospechado de dumping u otra maniobra por fuera de la ley.
Del mismo modo, la unión aduanera sudamericana sostiene que los tres pilares del acuerdo -cooperación, acercamiento político, y acuerdo comercial- deben votarse y aprobarse en conjunto, pese a que la distribución de competencias europea deja a consideración de cada parlamento las disposiciones no económicas de este acuerdo.
La conclusión efectiva del tratado comercial birregional será parte de la agenda que el presidente Alberto Fernández llevará este martes y miércoles al presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, y al presidente francés, Emmanuel Macron, en sendos encuentros previstos en Madrid y París, las siguientes paradas del tour europeo del jefe de Estado.
ACUERDOS EN EL VIEJO CONTINENTE
Este lunes, en su visita al primer ministro de Portugal, Antonio Costa, que dirige el Consejo Europeo, Fernández admitió que el acuerdo está virtualmente parado porque "hay países que cuestionan la naturaleza económica del acuerdo"; por eso, sostuvo, en los próximos meses buscarán "suscribir acuerdos sobre cambio climático y protección de bosques nativos", en alusión a la cuestión amazónica y las múltiples quejas levantadas contra la política de su par brasileño, Jaír Bolsonaro.
Costa, por su parte, fue más contundente al reseñar que "la Comisión Europea tiene el deber de presentar una propuesta para encontrar un acuerdo muy rápido sobre el tema ambiental, y resuelto esto, todo el clima político del acuerdo cambia totalmente, de manera de avanzar con lo acordado en el marco comercial".
Dentro del bloque, Portugal, España e Italia han favorecido abiertamente la discusión para la conclusión del tratado. De hecho, Lisboa, como presidente pro tempore del Consejo Europeo, ha insistido al interior del club de 27 países, donde todavía hay resistencias. La expectativa está puesta en la negociación que se encare con el francés Macron, que ha mostrado posiciones ambiguas.
