-El reporte que hizo la Unión Europea (UE) tras la inspección en Panamá y que indica que el país pareciera no estar en la capacidad de cumplir sus obligaciones como Estado de puerto es "muy fuerte", "grave" y demuestra la "incapacidad" de las autoridades, consideraron abogados expertos en la materia, entrevistados porBloomberg Línea. Se trata de la evaluación realizada para verificar los avances que registra el país líder en abanderamiento de barcos -con el16% de la flota mundial- para tratar de desalentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
En 2019 Panamá fue pre-identificada como nación no colaboradora en esta materia, porlo que obtuvo la tarjeta amarilla de laUE, lo que la sitúa como la única que ha tenido dos veces esta alerta.
El país se salvó de la tarjeta roja tras la pasada inspección de junio, por un asunto de coyuntura internacional, comentaron a Bloomberg Línea dos distintas fuentes del sector marítimo que por razones obvias pidieron reserva sus nombres. Esto evitó el embargo de las exportaciones pesqueras y acuícolas panameñas a su segundo destino de importancia y que perjudicaría a unos 25 mil empleos. embargo de las exportaciones pesqueras y acuícolas panameñas a su segundo destino de importancia y que perjudicaría a unos 25 mil empleos.
El reporte enviado a las autoridades panameñas en junio 2022 "es lo suficientemente explícito para decir que la situación de Panamá es bastante seria. Reconoce en parte que Panamá ha hecho ciertos avances, pero que la situación del país es bastante grave", señaló el jurist
El reporte enviado a las autoridades panameñas en junio 2022 "es lo suficientemente explícito para decir que la situación de Panamá es bastante seria. Reconoce en parte que Panamá ha hecho ciertos avances, pero que la situación del país es bastante grave", señaló el jurista.
La nación canalera cuenta con las herramientas para sancionar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, "y el mismo informe señala que no hay una voluntad de cumplir con las leyes, hay una falta de voluntad política en la implementación de las leyes y esto es paradójico" añadió Illueca, señalando que en diferentes momentos la comunidad internacional ha requerido que Panamá adopte ciertas medidas y se ha actuado de conformidad con esos requerimientos internacionales.
Existe una comisión interinstitucional que aborda lo concerniente para que Panamá obtenga su tarjeta verde ante la UE. Sin embargo, el grueso de la responsabilidad recae en laAutoridad de losRecursosAcuáticos (Arap) y laAutoridad Marítima de Panamá (AMP),revela laUE. La primera otorga la licencia de pesca y la segunda la patente de navegación internacional.
El puesto le queda grande al que manda en la AMP porque no tiene ninguna capacidad para dirigir un tema como el abanderamiento de naves, lo que esto produce y la obligación que podemos generar", manifestó Francisco Carreira, abogado experto en derecho marítimo.
No obstante, dejó claro su "recelo" por la apreciación de la UE, ya que a su juicio "Panamá no le es simpático a muchos países", debido al sistema impositivo territorialista, que implica que aunque utilizan la bandera panameña no pagan impuestos en Panamá y no pagan impuestos en sus países, explicó.
"Tenemos que aceptar que la forma como nosotros manejamos nuestros impuestos genera una serie de cosquillas...", afirmó. El informe de laUE, que da plazo al 15 de enero de 2023 para que Panamá aplique las recomendaciones, es "muy fuerte y muy duro", consideró por su parte el experto en derecho ambiental, Harley J
Destaca un fracaso sistemático que viene desde hace varios años en cuanto a implementar estas medidas sobre las cuales pesa un internacional para Panamá, no solamente como proveedor de Recursos Acuáticos a la Unión Europea sino que se dejan entrever violaciones a convenios internacionales", dijo Mitchell. La entidad europea es un organismo público, recordó Mitchell, y el informe menciona casos y situaciones "e informes más profundos que constituirían en cualquier tribunal nacional o internacional una prueba de incumplimiento"
Destaca un fracaso sistemático que viene desde hace varios años en cuanto a implementar estas medidas sobre las cuales pesa un internacional para Panamá, no solamente como proveedor de Recursos Acuáticos a la Unión Europea sino que se dejan entrever violaciones a convenios internacionales", dijo Mitchell. La entidad europea es un organismo público, recordó Mitchell, y el informe menciona casos y situaciones "e informes más profundos que constituirían en cualquier tribunal nacional o internacional una prueba de incumplimiento"
