El magistrado federal rechazó este lunes un planteo de un par porteño para que la demanda de la SRA se tramite en la Ciudad de Buenos Aires. La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo deberá definir cuál tribunal es el pertinente.
El magistrado, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Córdoba, respaldó su decisión en el hecho de que la demanda "se dirige contra la conducta desplegada por la AFIP-Aduana y contra determinados decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional". A su vez, argumentó que el planteo "tiene carácter colectivo" porque incluye "a todos los productores agropecuarios del país".No obstante, suponiendo que la Cámara resuelva a favor del juez cordobés, todavía quedará otro aspecto fundamental a resolver para que el caso pueda avanzar.Lee también Alertan que hay 12 economías regionales "en rojo" por costos altos y "precios estancados"
Se trata de un recurso de queja presentado por la AFIP para intentar frenar la acción colectiva, que la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres, aceptó analizar pese al rechazo de Bustos Fierro.A fines de abril, Bustos Fierro dio lugar a tratar el pedido de inconstitucionalidad de las retenciones y estableció un plazo de 30 días a la AFIP para que presente un informe que fundamente el cobro de estas alícuotas.Los dirigentes agropecuarios sostienen que los actuales derechos de exportación (DEX) son ilegales pese a que fueron respaldados por el Parlamento en su momento.Esto se debe a que la prórroga al Ejecutivo para fijarlos venció el pasado 31 de diciembre, tal como lo establecía la "Ley de Solidaridad" aprobada en 2019.
El presidente pretendía que esa facultad se estire por otros 2 años, pero esa posibilidad quedó desechada tras el rechazo al Presupuesto 2022.Lee también Retenciones e incertidumbre: el planteo de la cadena de la soja a Julián DomínguezPor eso, la presentación de la gremial que conduce Nicolás Pino busca que el tribunal declare la "inconstitucionalidad e ilegitimidad" del cobro de los DEX que se hicieron con posterioridad al 1° de enero de 2022.La suerte que corra este caso es de gran trascendencia política. Sobre todo, luego de que el presidente Alberto Fernández sugiriera, durante los últimos días, que debería discutirse una suba de los DEX en el Congreso para frenar la inflación de los alimentos, que se potenció por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.Desde la oposición rechazan la postura presidencial y han elaborado muchas iniciativas en el sentido contrario.
De hecho, el diputado nacional del PRO, Pablo Torello, presentó recientemente un proyecto sobre "retenciones cero" en el trigo.
