Especialistas de Naciones Unidas enviaron al Gobierno boliviano una "Carta de Denuncias" tras encontrar irregularidades derivadas del uso desautorizado de mercurio que ha traído consigo consecuencias ambientales y de derechos humanos, se informó este miércoles.
Los relatores de la ONU Marcos Orellana (sustancias tóxicas y derechos humanos) y José Francisco Cali Tzay (derechos de los pueblos indígenas) firmaron el documento en respuesta a la denuncia presentada en agosto por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) y la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) en coordinación con otros grupos.
Los especialistas han citado estudios que mostraron altos niveles de contaminación por mercurio en mujeres indígenas de entre 18 y 44 años del grupo Esse Ejja, asentadas a lo largo de la cuenca del río Beni, en zonas donde la minería de oro es una práctica común. Estos niveles de mercurio pueden causar daño cerebral, ceguera, entre otros efectos en el cuerpo, dijeron los especialistas. También señalaron las implicaciones de la contaminación en mujeres embarazadas, cuyos efectos sobre el feto pueden provocar discapacidad neurológica, pérdida del coeficiente intelectual, además de daños en los riñones y el sistema cardiovascular.
Los científicos de la ONU también han encontrado alarmante que Bolivia no cuente con regulaciones específicas y efectivas para controlar adecuadamente la importación, comercialización y uso de mercurio, además del tráfico ilícito de mercurio desde Bolivia hacia otros países.
La carta también destaca la falta de una regulación efectiva del mercurio en Bolivia, que está directamente relacionado con la extracción de oro, que se ha cuadriplicado en los últimos 9 años en Bolivia, lo que genera preocupación por el aumento excesivo de la importación y uso de mercurio, con sus graves consecuencias sobre el medio ambiente, así como sobre la vida y salud de los Pueblos Indígenas.
El Estado boliviano presuntamente no solo incumple el Acuerdo de Minamata sobre mercurio, firmado en 2013, sino que también ha presentado información contradictoria sobre el aumento de la cantidad de extracción de oro en el país.
Ambos académicos también han instado a las autoridades bolivianas a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos y libertades de los pueblos y comunidades indígenas afectados, además de investigar, enjuiciar e imponer sanciones adecuadas a los responsables de violaciones de derechos humanos.
