Investigando y recolectando material para mi próximo libro sobre el poder moral, me reencontré con el proyecto de ley para la creación de un Consejo para la Moralización de las Actividades Estatales, que en mi carácter de vicepresidente de la Cámara de Diputados presenté en 1987.
En ese momento no conseguí que el resto de los legisladores me acompañaran para convertirlo en una ley del Estado, por eso lo viví como una verdadera derrota. Hoy, releyendo sus fundamentos, me duele comprobar que tenga tanta actualidad, a pesar de que ya pasaron 33 años. Tal vez sea una señal de las tantas cosas que no hicimos como dirigencia. Por ello considero que es el momento oportuno para divulgarlo masivamente.
Fundamentos del proyecto de ley para la creación de un Consejo para la Moralización de las Actividades Estatales:
"La Argentina atraviesa una profunda crisis cuya naturaleza excede los marcos de lo social y lo económico y sus visibles consecuencias. Se trata, antes bien, de una crisis moral que abarca a toda la comunidad y que es la causa central de la decadencia espiritual y material de la Nación.
Lo que empezó siendo, en tiempos de la última dictadura militar, "la patria financiera" - así la denominábamos- paulatina y crecientemente se ha ido consolidando como una cultura rentística o especulativa. La idea nuclear de esta nueva cultura en el país es que los hombres pueden obtener riqueza sin trabajar.
Los modelos sociales y hasta los permanentes mensajes que se emiten por los medios masivos de comunicación - tanto estatales como privados- reafirman el carácter improductivo, parasitario y hedonista que conforma esta cultura rentística.
Estamos ante un fenómeno -ya vivido por otros pueblos y naciones del mundo- en el que toda una sociedad ha sufrido una regresiva transformación cultural: la pérdida del valor del concepto del trabajo. La desaparición de este concepto como ordenador de las relaciones sociales es precisamente, la causa de la decadencia argentina.
La especulación financiera sin límites - puesto que de hecho ha desaparecido el delito de usura en la República-, la creciente marginalidad, tanto social como económica, la explosión de la criminalidad a la que asistimos en los últimos años, todo ello acompañado por un deterioro permanente en la calidad de vida de los argentinos, conforman un panorama social de extrema gravedad. En el hombre agobiado, en la familia desestructurada y en la sociedad en crisis anida la violencia cotidiana como una amenaza al orden y a las instituciones de la República.
El Estado nacional, desde ya, no ha escapado a este proceso. Atrapado por el sistema perverso de la cultura rentística, que sólo puede generar violencia y corrupción, el Estado se ha convertido también en un ámbito de ilicitud.
Así, desde los propios poderes de la República, se denuncian actos ilícitos cometidos por funcionarios, cuyas conductas, de no sancionarse ejemplarmente, contribuyen a consolidar el citado proceso de corrupción y violencia. Estos comportamientos ilícitos atentan contra las bases mismas del sistema democrático, por cuanto siembran la desconfianza de la sociedad hacia los gobernantes y hacia el poder corrector de la Justicia.
Es por estas razones, entonces, que se hace necesario establecer mecanismos aptos que hagan posible castigar de modo severo aquellos procederes que hoy parecen escapar por defecto legal o aparente inoperancia institucional a la justa condena a que -en el sentir del hombre común- aquellos se hacen acreedores".