La Ley de Semillas es, probablemente, uno de los debates regulatorios más relevantes y a la vez más postergados de la agenda productiva argentina. No solo porque impacta de manera directa sobre los rendimientos de cultivos clave como soja y trigo, sino porque define algo más profundo: cómo se distribuyen los incentivos para innovar, producir y competir en el agro argentino.

Desde hace años, la discusión quedó atrapada en un statu quo incómodo, una especie de equilibrio lose-lose en el que nadie termina ganando. No mejora la productividad, no se ordena el sistema y tampoco se genera previsibilidad para los distintos actores de la cadena, desde los pequeños productores hasta las empresas semilleras y el propio sistema científico.

El tema vuelve ahora a escena de la mano del documento del Consejo de Mayo, que propone avanzar hacia la adhesión al UPOV 91, y del posible capítulo de propiedad intelectual en un eventual acuerdo comercial con Estados Unidos. La coyuntura empuja, pero ahí aparece también el principal riesgo: resolver un problema estructural de manera apresurada, sin discutir en profundidad sus implicancias económicas, productivas y distributivas.

La resistencia histórica de los productores al pago de regalías no es una novedad y, en muchos casos, es comprensible. El uso propio y la tolerancia frente a la llamada "bolsa blanca" forman parte de una práctica arraigada, sobre todo en semillas autógamas. En un país que convivió durante décadas con retenciones elevadas, ese esquema terminó funcionando de hecho como un componente más del sistema de incentivos. Plantear el debate de forma aislada, sin revisar el resto de las reglas que ordenan al sector, explica buena parte de la reacción defensiva que reaparece cada vez que el tema vuelve a la agenda.

Sin embargo, la magnitud económica del problema obliga a mirarlo con otra perspectiva. Distintas estimaciones del propio sector y de organismos técnicos ubican el mercado potencial de regalías, genética y biotecnología agrícola entre 500 y 1.000 millones de dólares. Es una cifra difícil de ignorar en un país que necesita dólares, inversión y más producción.

El impacto más profundo, no obstante, se ve en los rendimientos agrícolas. Con niveles de semilla fiscalizada que, según el cultivo, apenas oscilan entre 6% y 29%, los incentivos para invertir en mejoramiento genético son débiles. El resultado está a la vista: menor recambio varietal, adopción más lenta de tecnología y una brecha creciente frente a países competidores. En los últimos veinte años, los rindes de soja crecieron alrededor de 24% en Brasil, mientras que en la Argentina permanecieron prácticamente estancados. Aproximadamente la mitad de esa brecha se explica por diferencias en semillas y tecnología asociada, no por clima o manejo. En otras palabras, miles de millones de dólares que se dejan de producir y exportar.

Además, la discusión requiere una mirada federal. El foco suele ponerse casi exclusivamente en la soja, pero esa no es toda la foto. En cultivos como algodón, maní o legumbres, los mercados son más chicos, la escala es menor y los incentivos privados a la innovación son más frágiles. Diseñar reglas pensando solo en los cultivos dominantes es desconocer la heterogeneidad productiva del país y desaprovechar una herramienta que podría potenciar economías regionales y desarrollo territorial.

Vale señalar que hoy ya existen esquemas privados que muestran que cuando hay previsibilidad, hay disposición a pagar. Programas como Sembrá Evolución alcanzan a unos 20.000 productores y cerca del 20% de la superficie de soja, con pagos del orden de 20 a 25 dólares por hectárea tecnológica, avanzando en formalización y trazabilidad. La pregunta es si esta lógica va a quedar limitada a acuerdos privados o si puede transformarse en política pública.

En ese sentido, la discusión sobre la adhesión al Acta UPOV 1991 es menos relevante que cómo se implementa. El verdadero debate está en el diseño fino del sistema: excepciones, segmentación, tratamientos diferenciales y mecanismos que fortalezcan la innovación sin asfixiar a quienes no pueden absorber mayores costos.

El uso inteligente de la excepción por uso propio, combinado con una regulación moderna de regalías, puede convertirse en un incentivo para la producción local de semillas, la radicación de actividades de investigación y el fortalecimiento del sistema científico-tecnológico. Bien diseñada, incluso puede reforzar el rol del INTA, especialmente en cultivos donde el mercado por sí solo no genera incentivos suficientes.

El problema no es avanzar en mayor protección, sino hacerlo sin estrategia. La Ley de Semillas no debería ser solo una discusión jurídica o comercial, sino una herramienta de política productiva. Bien diseñada, puede romper el actual statu quo y ordenar un esquema win-win: productores con mejores rendimientos, empresas con reglas claras para invertir y un sistema de innovación local fortalecido. Ese debería ser el norte si se quiere transformar un debate recurrente en una política de desarrollo productivo.