El sector agropecuario de Uruguay enfrenta uno de los escándalos financieros más grandes de su historia. Una megaestafa, que supera los 250 millones de dólares y que operaba bajo la fachada de supuestas inversiones en ganadería, dejó a más de 6000 damnificados, entre ellos al menos 60 argentinos que confiaron en un sistema fraudulento basado en un esquema Ponzi.
El fraude salió a la luz a mediados de 2023 cuando el Grupo Larrarte, una de las tres empresas involucradas, fue denunciado por delitos como apropiación indebida, estafa, lavado de activos y asociación para delinquir. Poco después, la firma entró en concurso de acreedores y su colapso generó un efecto dominó que arrastró a República Ganadera y finalmente a Conexión Ganadera, el mayor fondo ganadero de Uruguay, que manejaba alrededor de 400 millones de dólares de inversores de distintos tamaños.
Aunque las tres empresas operaban de manera independiente, los expertos explican que todas compartían el mismo mecanismo de captación de dinero: ofrecían a inversores la posibilidad de colocar capital en ganadería, prometiendo altas tasas de rentabilidad muy por encima de los valores del mercado tradicional. En algunos casos, se ofrecían retornos del 11,3% anual en dólares, cuando la rentabilidad promedio de la actividad ganadera oscila entre el 3% y 4%.
Cómo funcionaba el esquema Ponzi que estafó a miles de inversores
Las empresas aseguraban a los inversores que su dinero se destinaba a la compra de ganado bovino, el cual luego sería engordado y vendido con rentabilidad garantizada. Sin embargo, en la práctica, los fondos no se utilizaban para comprar animales, sino que el dinero de los nuevos inversores se usaba para pagar los intereses prometidos a los anteriores, un clásico esquema Ponzi.
El primero en colapsar fue el Grupo Larrarte, con un fondo de 20 millones de dólares. Su caída generó desconfianza en el sector y provocó una "corrida" de inversores que comenzaron a retirar su dinero de otros fondos. En noviembre, esto llevó al derrumbe de República Ganadera, que manejaba 80 millones de dólares, y poco después, en diciembre, Conexión Ganadera, el fondo más grande del país, también colapsó.
El caso de Conexión Ganadera es especialmente llamativo. La empresa aseguraba comprar ganado con el dinero de los inversores y garantizar una renta fija del 7% anual. Sin embargo, a finales de noviembre, uno de sus directivos, Gustavo Basso, falleció en un accidente automovilístico mientras manejaba un auto Tesla a 150 km/h en la ruta 5. Tras su muerte, se reveló que la empresa tenía severos problemas financieros y no podía hacer frente a los pagos prometidos.
Los afectados y el impacto internacional de la estafa
Se estima que el mayor inversor tenía 12 millones de dólares colocados en estos fondos, mientras que otros pequeños ahorristas habían depositado entre 20.000 y 30.000 dólares. En total, se calcula que Conexión Ganadera dejó 4200 inversores damnificados, mientras que en los otros dos fondos la cifra asciende a 1600 afectados más, sumando entre 5500 y 6000 víctimas.
El escándalo no solo afectó a uruguayos, sino que también alcanzó a inversionistas extranjeros, con 60 argentinos entre los damnificados. También hay afectados en Francia, España, Estados Unidos e India, incluyendo a empresarios y diplomáticos.
El abogado Carlos Esponda, del estudio Dotta & Esponda, representa a 420 damnificados, de los cuales 60 son argentinos. Según explicó, muchos de ellos invirtieron todos sus ahorros en estos fondos y ahora enfrentan un futuro incierto.
"Hay personas que trabajaron toda su vida y confiaron en una empresa con 25 años de trayectoria, pero lo perdieron todo", lamentó Esponda.
Falta de regulación y sospechas de lavado de dinero
Uno de los principales problemas que permitió la expansión de esta estafa fue la falta de regulación. En Uruguay, los negocios financieros están supervisados por el Banco Central, pero estos fondos, al operar bajo el modelo de capitalización de ganado, no estaban regulados.
"No había ningún control que garantizara que, al invertir 30.000 dólares en vaquillonas, el dinero realmente se usaba para comprar ganado. En realidad, los fondos usaban el dinero para pagar intereses a los inversionistas previos, lo que los convierte en un esquema Ponzi clásico", explicó Rafael Tardáguila, director de Tardáguila Agromercados.
Actualmente, los tres fondos están en concurso de acreedores. En República Ganadera, hay una interventora designada, mientras que en Larrarte y Conexión Ganadera hay un síndico, que es la misma persona en ambos casos.
La causa penal avanza en la fiscalía de lavado de activos, con medidas como el cierre de fronteras y la entrega de documentos a los representantes de las empresas. También hay cooperación internacional con Argentina y Paraguay, ya que se sospecha que parte del dinero fue blanqueado en estos países.
¿Podrán recuperar su dinero los inversores?
Los abogados estiman que, en el mejor de los casos, los damnificados podrán recuperar entre el 10% y el 15% de sus inversiones. Sin embargo, hay un gran número de afectados que ni siquiera se presentará a reclamar, debido a la dudosa procedencia de sus fondos.
"Se estima que al menos el 30% de los damnificados no verificará sus créditos, justamente por distintas razones", concluyó Esponda.
Este caso deja en evidencia la vulnerabilidad de los inversores frente a negocios sin regulación y plantea la necesidad de mayor control para evitar que se repitan este tipo de fraudes en el futuro
