En febrero de 2026 , en medio de un escenario internacional más fragmentado, incierto y conflictivo , el Mercosur enfrenta un doble desafío central : defender su competitividad exportadora y, al mismo tiempo, construir una agenda regional propia y proactiva . Importa porque el agro dejó de ser un tema técnico para convertirse en un factor clave de la seguridad económica, estratégica y alimentaria , con reglas que se redefinen y condicionan el futuro de Argentina y del bloque .

El sistema agroalimentario del Cono Sur opera hoy en un contexto mucho más complejo que el de la década previa. El comercio agroindustrial global ya no se explica solo por oferta, demanda y precios . La convergencia de rivalidades geopolíticas , conflictos armados , disrupciones logísticas , estrés climático , el debilitamiento del sistema multilateral de comercio y la proliferación de regulaciones unilaterales con efectos extraterritoriales reconfiguraron por completo el papel de los alimentos, los insumos y las cadenas agroindustriales en la economía política global.

En este nuevo escenario, el agro pasó a ser poder . Poder para abastecer, para condicionar precios, para asegurar la estabilidad social y, también, para negociar. Para Argentina y el Mercosur , esta transformación tiene una relevancia particular. Como proveedores netos de alimentos, proteínas y bioenergías , los países del bloque están mejor posicionados , pero también más expuestos . Ganan centralidad en un mundo atravesado por la inseguridad alimentaria , la volatilidad y la politización del comercio , pero enfrentan exigencias crecientes en materia de sustentabilidad, trazabilidad, confiabilidad y previsibilidad política .

El problema es que ese valor geopolítico no siempre se traduce en capacidad real de incidencia internacional. Las debilidades internas del proceso de integración regional limitan la posibilidad de influir en la definición de reglas globales que, cada vez más, se diseñan lejos de las realidades productivas y ambientales del Cono Sur. En un mundo donde los países de menor tamaño pierden poder negociador cuando actúan en soledad, esta falta de coordinación se paga con menor acceso a mercados y mayores costos regulatorios.

Desde la mirada del Grupo de Países Productores del Sur (GPS), la conclusión es clara: una institucionalidad regional más sólida es condición necesaria para un posicionamiento internacional eficiente de la producción argentina y del bloque. No se trata solo de reaccionar ante nuevas normas, sino de anticiparse, ordenar una voz común y defender activamente los atributos diferenciales de nuestros sistemas productivos.

El desafío es doble y simultáneo. Por un lado, preservar y fortalecer la competitividad exportadora, poniendo en valor prácticas productivas que muchas veces superan los estándares exigidos desde afuera, pero que no siempre son reconocidas. Por otro, avanzar en una agenda propia y proactiva, basada en cooperación regional, armonización progresiva de estándares, posicionamiento internacional y una política de negociaciones comerciales más ambiciosa.

Para eso, resulta imprescindible generar insumos técnicos sólidos que respalden propuestas de política concretas y acciones coordinadas entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con el objetivo de promover un orden internacional basado en reglas. La discusión de fondo ya no es si el Mercosur debe actuar en conjunto, sino cómo construir alianzas público-privadas capaces de sostener una estrategia de inserción internacional proactiva, que hoy dejó de ser una opción para convertirse en una urgencia.