México tiene una paradoja agroalimentaria que ya no podemos seguir mirando de reojo. Somos una potencia exportadora, tenemos una integración comercial privilegiada con Estados Unidos y Canadá y cadenas agroalimentarias capaces de competir en los mercados más exigentes. Pero mientras celebramos el dinamismo de las exportaciones, estamos perdiendo capacidad para producir algunos de los alimentos más elementales de nuestra propia mesa. Los números sobre maíz, trigo, sorgo, arroz, frijol y soya deberían encender una discusión nacional que vaya mucho más allá de una cosecha adversa.

La advertencia la puso nuevamente sobre la mesa Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), en una entrevista publicada el 16 de agosto por Legisladores de México. Según los datos presentados por el especialista, la producción conjunta de seis granos básicos cayó a 31.02 millones de toneladas en 2025, un 5.9% menos que el año anterior y 16.2% por debajo de 2023. Para 2026 se proyecta una recuperación de apenas 2.2%, hasta 31.71 millones de toneladas. El problema, entonces, no parece ser exclusivamente climático ni circunstancial: hay señales de deterioro estructural.

La fotografía de largo plazo resulta todavía más preocupante. Entre 2018 y 2026, de acuerdo con los datos expuestos por Anaya, la producción de esos granos disminuyó 13%, la superficie cosechada cayó 11.4% y el rendimiento retrocedió 1.8%. Son tres indicadores diferentes apuntando en la misma dirección. Menos hectáreas, menor producción y productividad estancada constituyen una combinación particularmente peligrosa para cualquier país que aspire a fortalecer su seguridad alimentaria. Y cuando una hectárea deja de sembrarse porque producir dejó de ser negocio, recuperarla no depende simplemente de una decisión administrativa.

El trigo permite comprender la dimensión humana detrás de las estadísticas. En apenas un año dejaron de sembrarse cerca de 180 mil hectáreas y la producción nacional habría caído 35%. En Sonora, una de las regiones agrícolas emblemáticas de México, productores del Valle del Mayo reportaron rendimientos cercanos a 4.1 toneladas por hectárea frente a niveles históricos de alrededor de 6.5 toneladas, además de pérdidas económicas importantes. Cuando un productor pierde dinero durante varios ciclos, deja de invertir; cuando deja de invertir, pierde productividad; y cuando finalmente abandona la actividad, el país reemplaza esa producción con importaciones.

El verdadero riesgo no es importar, sino dejar de competir

Aquí necesitamos evitar una simplificación. Importar alimentos no significa automáticamente perder soberanía ni seguridad alimentaria. México forma parte de uno de los mercados agroalimentarios más integrados del planeta y el comercio con Estados Unidos y Canadá genera enormes beneficios para productores, empresas y consumidores mexicanos. Pretender producir internamente cada tonelada que consumimos sería económicamente ineficiente. El problema aparece cuando las importaciones dejan de complementar nuestra producción y comienzan a sustituir hectáreas que desaparecen porque al agricultor mexicano ya no le resulta rentable sembrarlas.

Esa diferencia es fundamental. Anaya sostiene que México produce actualmente alrededor del 42% de sus requerimientos de granos básicos y advierte sobre una creciente dependencia externa. También señala que el país es el mayor importador mundial de maíz y un comprador estratégico para los productores estadounidenses. Estados Unidos no tiene la culpa de vendernos aquello que México demanda. Sus agricultores producen, cuentan con infraestructura, financiamiento, seguros y mecanismos de administración de riesgos y aprovechan legítimamente las oportunidades que ofrece el mercado mexicano. La pregunta incómoda debemos formularla hacia adentro: ¿por qué nuestros productores están perdiendo capacidad para competir?

Parte de la respuesta está en el agua. Otra parte, en la rentabilidad. Pero también debemos hablar de financiamiento, seguros agrícolas, coberturas de precios, semillas, asistencia técnica, infraestructura y certidumbre comercial. Anaya cuestiona que programas como fertilizantes, precios de garantía o transferencias focalizadas no estén resolviendo esos problemas estructurales. Puede discutirse el alcance de esa crítica y seguramente el Gobierno tendrá argumentos para defender sus políticas. Lo que resulta mucho más difícil de discutir es la tendencia descendente de la superficie, la producción y los rendimientos. Una política agropecuaria debe evaluarse también por sus resultados productivos.

Y aquí aparece una comparación inevitable con Estados Unidos. Nuestros productores compiten dentro del T-MEC con agricultores que tienen acceso a instrumentos sofisticados de financiamiento, seguros, infraestructura y administración del riesgo. México no necesita copiar exactamente ese modelo, pero tampoco puede pedir competitividad internacional mientras una parte de sus productores enfrenta sequías, volatilidad de precios y costos crecientes prácticamente a la intemperie. El apoyo social al pequeño agricultor es necesario, pero una política social no reemplaza una política productiva. Confundir ambas termina perjudicando precisamente a quienes queremos proteger.

México necesita volver a hacer rentable producir alimentos

La discusión tampoco puede reducirse al precio de la tortilla esta semana. La seguridad alimentaria se construye durante años. Se construye cuando un joven encuentra razones económicas para continuar trabajando la tierra de su familia; cuando un productor puede financiar tecnología; cuando existen seguros frente a sequías; cuando el agua se utiliza con mayor eficiencia; cuando mejores semillas elevan los rendimientos; y cuando hay infraestructura para almacenar y transportar una cosecha sin perder competitividad. Producir más no significa necesariamente sembrar más hectáreas: significa obtener más valor y más toneladas de cada hectárea utilizando mejor los recursos disponibles.

México tiene tecnología, productores experimentados, universidades, centros de investigación, empresas agroalimentarias y acceso privilegiado al mayor mercado agrícola del mundo. También dispone de una diversidad productiva extraordinaria. Lo que necesita es conectar esas fortalezas mediante una estrategia que combine tecnificación del riego, agricultura digital, genética, financiamiento competitivo, seguros, coberturas de precios y certidumbre comercial. Frente a la variabilidad climática, administrar el riesgo debe convertirse en política de Estado y no en una respuesta extraordinaria cuando la sequía ya destruyó una campaña.

Hay además una oportunidad que México no debería desperdiciar. La próxima revisión del T-MEC obliga a discutir qué agricultura queremos construir para las próximas décadas. El tratado no debe contemplarse solamente desde la preocupación por cuánto maíz estadounidense importamos. También debería servir para preguntarnos cómo conseguimos que el productor mexicano aumente productividad, incorpore tecnología y participe en cadenas de valor agroalimentarias más rentables. Competir con Estados Unidos no significa cerrar la frontera; significa generar condiciones para que nuestros productores lleguen al mercado con herramientas comparables.

La advertencia de Juan Carlos Anaya merece ser escuchada precisamente por eso. Podemos discutir sus críticas al Gobierno, sus interpretaciones y hasta qué nivel de autosuficiencia resulta económicamente deseable. Lo que no deberíamos hacer es ignorar la señal que dejan los campos que ya no se siembran.

Porque la seguridad alimentaria no consiste en producir absolutamente todo lo que consumimos, pero tampoco en asumir que siempre podremos comprar afuera aquello que dejamos de producir dentro del país.

México seguirá importando alimentos y seguirá exportándolos. Esa integración es una fortaleza. Pero necesitamos recuperar una idea básica que parece haberse perdido entre subsidios, discursos y estadísticas comerciales: para tener un campo fuerte, primero tiene que volver a ser negocio producir.

Y esa quizá sea hoy la verdadera deuda con el campo mexicano.

Por Rodrigo Castaneda | AgroLatam