En la Argentina agropecuaria hay debates que regresan una y otra vez. Algunos cambian de protagonistas, otros de contexto político. Pero pocos son tan paradójicos como el de los biocombustibles. Durante años fueron presentados como un negocio sectorial, una ventaja para determinadas industrias o una concesión estatal para un puñado de empresas. Sin embargo, la historia demuestra que el principal beneficiario siempre fue otro: el productor agropecuario.

La reciente presentación de un nuevo proyecto de ley para impulsar los biocombustibles vuelve a poner sobre la mesa una discusión que el país nunca terminó de saldar. Y quizás la pregunta más importante no sea quién gana con esta industria, sino cuánto perdió Argentina por haber frenado su desarrollo.

Cuando se habla de biodiésel o bioetanol, muchas veces la atención se concentra en las plantas industriales, en las inversiones o en las mezclas obligatorias con combustibles fósiles.

Pero el verdadero impacto ocurre mucho antes.

Los biocombustibles generan demanda adicional para el maíz, la soja y la caña de azúcar, tres pilares de la producción agroindustrial de América Latina. Esa demanda es la que sostiene precios, moviliza inversiones y agrega valor dentro de los países productores.

La evidencia internacional es contundente.

En Estados Unidos, la industria del etanol transformó por completo el mercado del maíz. Más de 200 plantas industriales consumen actualmente alrededor de 150 millones de toneladas de maíz al año, prácticamente el mismo volumen que aumentó la producción estadounidense durante las últimas dos décadas.

La pregunta es sencilla: ¿qué habría ocurrido con esos excedentes sin la industria de los biocombustibles?

Probablemente los precios serían más bajos, los márgenes más ajustados y la capacidad exportadora mucho más vulnerable.

Mientras Argentina debatía, Brasil avanzaba.

Primero fue el etanol de caña de azúcar. Después llegó el maíz. Hoy el país vecino procesa cerca de 20 millones de toneladas de maíz para producir biocombustibles, una cifra equivalente a un tercio de toda la cosecha argentina récord de esta campaña.

No se trata únicamente de energía.

Se trata de construir mercados internos sólidos para absorber producción, reducir dependencia de la exportación y generar nuevas cadenas de valor en el interior productivo.

Brasil entendió algo que Argentina todavía discute: la energía renovable también es una política agropecuaria.

La Argentina no empezó tarde. De hecho, fue uno de los primeros países de la región en desarrollar un marco legal específico para los biocombustibles.

La Ley 26.093 impulsó inversiones millonarias, promovió la construcción de plantas industriales y permitió que el biodiésel argentino alcanzara relevancia internacional.

Pero con el tiempo el impulso inicial se fue diluyendo.

Los cambios regulatorios, la falta de previsibilidad, los conflictos políticos y la histórica influencia del sector petrolero terminaron frenando una industria que había mostrado un enorme potencial.

Mientras tanto, el resto del mundo siguió avanzando.

Estados Unidos profundizó su apuesta por el etanol. Brasil expandió su matriz renovable. Incluso nuevos jugadores comenzaron a desarrollar combustibles sostenibles para aviación y transporte pesado.

Argentina, en cambio, quedó atrapada en discusiones que parecían resueltas hace años.

Quizás uno de los mayores problemas fue que gran parte del sector agropecuario nunca terminó de apropiarse del debate.

Muchos productores observaron los biocombustibles como una actividad industrial separada de su realidad cotidiana. Como si el negocio terminara en la planta procesadora.

La realidad es exactamente la contraria.

Cada tonelada de maíz destinada a etanol, cada litro de biodiésel elaborado con aceite de soja y cada nueva inversión en bioenergía generan una demanda adicional que fortalece toda la cadena.

Por eso resulta llamativo que, en algunos momentos, el sector rural haya defendido con más fuerza mercados externos inciertos que oportunidades de agregado de valor dentro de sus propias fronteras.

El nuevo debate legislativo abre una posibilidad concreta para recuperar terreno.

No será sencillo. Existen diferencias sobre porcentajes de corte, incentivos, inversiones y modelos de desarrollo.

Pero hay un aspecto sobre el que debería existir consenso: los biocombustibles ya no son una discusión ambiental ni energética exclusivamente. Son una herramienta de competitividad para el agro.

En un mundo que demanda cada vez más energía limpia, alimentos y reducción de emisiones, los países productores de granos tienen una ventaja estratégica difícil de replicar.

Argentina posee materia prima, conocimiento técnico e infraestructura industrial para volver a ser protagonista.

La ironía es que llevamos años preguntándonos a quién le sirven los biocombustibles, cuando la verdadera respuesta estuvo siempre delante de nuestros ojos.

Le sirven al productor, a las economías regionales, a la industria, a las exportaciones y al país.

La discusión ya no debería ser si los biocombustibles son necesarios. El desafío es decidir cuánto tiempo más estamos dispuestos a perder mientras nuestros competidores siguen avanzando.