Hay temas que vuelven una y otra vez al debate agropecuario argentino como si el tiempo no pasara. La Ley de Semillas es uno de ellos. Cambian los gobiernos, cambian los funcionarios, cambian las tecnologías, pero la discusión sigue atrapada entre los mismos interrogantes: ¿cómo proteger la innovación sin castigar al productor? ¿Cómo atraer inversiones sin afectar el tradicional uso propio? ¿Y cómo competir con Brasil mientras seguimos debatiendo normas que nuestros competidores ya dejaron atrás hace años?

Esta semana el Gobierno dio un paso concreto para intentar salir de ese círculo. Lo hizo mediante nuevas resoluciones que buscan fortalecer la propiedad intelectual en semillas, agilizar los controles sobre variedades protegidas y eliminar trabas burocráticas que durante décadas condicionaron la incorporación de nuevas tecnologías al sistema productivo argentino.

La pregunta de fondo, sin embargo, sigue siendo otra: ¿llegamos a tiempo?

Los números son contundentes y difíciles de ignorar. Mientras Brasil registró 330 nuevas variedades de soja durante el último año, Argentina apenas alcanzó 23 registros. La diferencia no es solamente estadística. Refleja dos modelos distintos de desarrollo tecnológico y dos velocidades diferentes para incorporar innovación al campo.

Desde el Gobierno sostienen que la falta de una protección efectiva de la propiedad intelectual desalentó durante años la inversión en genética vegetal. La consecuencia habría sido una menor llegada de nuevas variedades, menos investigación y una creciente migración de desarrollos hacia mercados donde las reglas son más previsibles.

No es casual que el ministro Federico Sturzenegger haya utilizado la comparación con Brasil para justificar los cambios. En la visión oficial, la brecha productiva entre ambos países tiene una explicación directa: sin reglas claras para proteger la innovación, la innovación simplemente se va a otro lado.

Pero aquí aparece una de las principales diferencias dentro del sector. Desde entidades como Carbap cuestionan la idea de que la productividad dependa exclusivamente de la genética. Y tienen argumentos para hacerlo.

Pensar que Argentina produce menos que Brasil únicamente porque registra menos variedades equivale a ignorar problemas históricos que siguen pesando sobre la competitividad del agro: retenciones, presión impositiva, infraestructura deficiente, falta de financiamiento, costos logísticos y volatilidad macroeconómica.

La genética importa. Mucho. Pero difícilmente sea la única explicación.

De hecho, varios productores sostienen que mejorar semillas sin resolver los problemas estructurales sería como cambiar el motor de un auto que sigue circulando por caminos destruidos.

Detrás de las nuevas resoluciones aparece un objetivo mucho más ambicioso: avanzar hacia una nueva Ley de Semillas y la eventual adhesión de Argentina al convenio UPOV 91.

Para los semilleros, esta actualización es imprescindible si el país pretende recuperar competitividad y atraer inversiones en mejoramiento genético.

La posición de la industria es clara. Según la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), el sistema actual perjudica a todos los actores de la cadena. Menos innovación implica menos productividad, menos exportaciones y menos empleo.

Sin embargo, el punto más sensible continúa siendo el mismo que divide al sector desde hace años: el uso propio.

Para muchos productores, reservar parte de la cosecha para volver a sembrar forma parte de una práctica histórica que no debería ser limitada. Para las empresas obtentoras, en cambio, esa práctica reduce los incentivos para invertir en investigación y desarrollo.

La discusión no es nueva. Lo novedoso es que ahora parece existir una decisión política concreta de intentar resolverla.

El Gobierno abrió una mesa de trabajo con la Mesa de Enlace, CREA, Aapresid y los semilleros. La intención es construir consensos antes de llevar una propuesta al Congreso.

La iniciativa merece ser valorada. Después de años de parálisis, finalmente se discute cómo actualizar un marco regulatorio que quedó viejo frente al avance de la biotecnología.

Pero también sería un error transformar el debate en una falsa dicotomía entre productores e innovación.

La verdadera discusión debería ser cómo generar un sistema que premie el desarrollo tecnológico sin deteriorar la competitividad de quienes producen.

Porque la experiencia internacional demuestra que los países que lideran la agricultura moderna lograron ambas cosas: proteger la propiedad intelectual y construir entornos económicos favorables para producir.

Argentina necesita más genética, más investigación y más inversión privada. Sobre eso existe cada vez menos discusión.

Lo que sigue generando diferencias es cómo alcanzar ese objetivo.

La ironía de este debate es que todos coinciden en el diagnóstico general: el país perdió terreno frente a sus competidores. Lo que nadie termina de acordar es cuál fue la verdadera causa de ese retroceso.

Quizás la respuesta esté en un punto intermedio.

Porque sin innovación no hay futuro agrícola, pero tampoco lo hay si la tecnología debe convivir con un esquema de costos, impuestos e incertidumbre que desalienta cualquier inversión.

La propiedad intelectual puede ser parte de la solución. Creer que es toda la solución sería repetir uno de los errores más frecuentes de la política agropecuaria argentina: buscar respuestas simples para problemas complejos.