La discusión sobre el déficit fiscal de Paraguay corre el riesgo de quedar atrapada en un porcentaje. El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, puso sobre la mesa una cuestión bastante más incómoda: antes de discutir únicamente cuánto déficit puede tolerar el país, Paraguay debería preguntarse cómo está gastando los recursos públicos y qué resultados obtiene a cambio.

El planteamiento merece atención, especialmente desde el sector agropecuario.

La Ley de Responsabilidad Fiscal establece como referencia un déficit máximo equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Cristaldo considera que, bajo las condiciones actuales, alcanzar ese nivel inmediatamente resulta poco realista y respalda sincerar las metas fiscales para adecuarlas a la situación económica.

Pero su argumento central va más allá: el déficit sería la consecuencia y no necesariamente la causa del problema.

Y ahí comienza una discusión que Paraguay necesita tener.

El campo conoce bien la diferencia entre gastar e invertir

Para un productor agropecuario hay una diferencia elemental entre gasto e inversión. Comprar una sembradora más eficiente, mejorar genética, incorporar agricultura de precisión o construir infraestructura de almacenamiento representa un desembolso, pero también puede elevar productividad y generar retornos.

Un gasto que no produce resultados es otra cosa.

Esa misma lógica debería exigirse al Estado.

No alcanza con informar que un ministerio ejecutó el 90% o 95% de su presupuesto. Ejecutar recursos no es sinónimo de gestionar bien. La verdadera pregunta debería ser qué cambió después de gastar ese dinero.

¿Cuántos kilómetros de caminos rurales permanecen transitables durante todo el año? ¿Cuánto disminuyeron los tiempos logísticos? ¿Mejoraron los servicios sanitarios? ¿Los pequeños productores accedieron a tecnología? ¿Se abrieron nuevos mercados? ¿Aumentó la capacidad de respuesta frente a sequías, inundaciones o emergencias sanitarias?

Esos indicadores dicen mucho más que un porcentaje de ejecución presupuestaria.

Cada ineficiencia pública tiene un costo productivo

Para el agro, además, la calidad del gasto público no constituye una discusión abstracta de economistas.

Una carretera deteriorada tiene un costo. Una demora administrativa tiene un costo. Una infraestructura logística insuficiente tiene un costo. Una institución sanitaria sin capacidad operativa también tiene un costo.

Y buena parte de esos costos terminan trasladándose al productor.

Paraguay compite en mercados internacionales con soja, maíz, trigo, arroz, carne y otros productos. Su condición mediterránea vuelve todavía más importante disponer de infraestructura vial, fluvial y logística eficiente.

El productor paraguayo no determina el precio internacional de la soja ni controla las condiciones climáticas. Pero sí termina pagando buena parte de las ineficiencias internas.

Por eso, mejorar el gasto público también es una política de competitividad agropecuaria.

Pero cuidado: ajustar no significa simplemente recortar

Hay, sin embargo, una distinción indispensable.

Combatir el malgasto no debería convertirse automáticamente en sinónimo de reducir indiscriminadamente el tamaño del Estado.

Paraguay necesita instituciones públicas eficientes precisamente porque una economía agroexportadora depende de ellas. Sanidad animal y vegetal, infraestructura, investigación, educación rural, seguridad, administración aduanera, negociaciones comerciales y apertura de mercados requieren recursos públicos.

SENACSA, por ejemplo, resulta estratégico para una ganadería que pretende conquistar y conservar mercados internacionales cada vez más exigentes. Lo mismo ocurre con los organismos responsables de sanidad vegetal, infraestructura y comercio.

Recortar recursos en áreas estratégicas podría terminar generando un ahorro fiscal pequeño a cambio de una pérdida económica mucho mayor.

La discusión correcta, entonces, no es simplemente Estado grande contra Estado pequeño.

Es Estado eficiente contra Estado ineficiente.

El Presupuesto 2027 debería medir resultados

La propuesta de Cristaldo adquiere especial relevancia de cara al Presupuesto General de la Nación 2027.

Paraguay podría aprovechar esa discusión para avanzar hacia una cultura presupuestaria diferente: dejar de premiar a las instituciones únicamente por cuánto dinero ejecutan y comenzar a evaluar qué resultados producen con cada guaraní recibido.

Eso exige indicadores públicos, metas verificables y rendición de cuentas.

Si una institución recibe más recursos para caminos, debería demostrar mejoras en conectividad. Si aumenta el presupuesto destinado al desarrollo productivo, deberían medirse productores atendidos, productividad, acceso a mercados o incorporación tecnológica. Si se destinan fondos a infraestructura logística, deberían evaluarse reducciones concretas en tiempos y costos.

El presupuesto debe dejar de ser solamente una autorización para gastar y convertirse en un compromiso de resultados.

El déficit importa, pero no explica todo

Esto tampoco significa relativizar la disciplina fiscal.

Un déficit persistente puede aumentar las necesidades de financiamiento, elevar la deuda y reducir el margen de acción ante futuras crisis. Paraguay construyó durante años una reputación regional vinculada con cierta prudencia macroeconómica, y preservarla tiene valor para atraer inversiones y mantener condiciones competitivas de financiamiento.

Pero obsesionarse exclusivamente con alcanzar un determinado porcentaje puede ocultar el problema estructural.

Un país puede equilibrar sus cuentas y seguir gastando mal. También puede registrar temporalmente déficit mientras financia infraestructura capaz de elevar su productividad futura.

Por eso importa no solamente cuánto gasta Paraguay, sino para qué gasta, cómo lo hace y qué obtiene a cambio.

Para el sector agropecuario, la discusión resulta particularmente relevante. El campo genera producción, exportaciones, empleo y divisas, pero necesita carreteras, hidrovías, instituciones sanitarias, tecnología y reglas previsibles para continuar compitiendo.

El desafío fiscal paraguayo no debería reducirse, entonces, a una batalla alrededor del 1,5% del PIB.

La verdadera reforma será conseguir que cada recurso público produzca resultados verificables para los ciudadanos y para la economía.

Porque un Estado que recauda pero no transforma esos recursos en servicios, infraestructura y competitividad termina trasladando su ineficiencia a quienes producen.

Y en un país donde el agro y la agroindustria son pilares de la economía, gastar mejor también significa producir mejor.

María José Huerta / AgroLatam.com