Servicios Agrícolas legalizó el empleo de sustancias que la empresa venía usando de forma irregular en Guichón, tras la amenaza de cesar a empleados.
El gobierno de Luis Lacalle Pou sumó cinco nuevos agroquímicos que la pastera UPM venía empleando de forma irregular a la lista de nueve productos autorizados la semana pasada, para evitar que la compañía finlandesa incurriera en delitos.
La resolución de la Dirección General de Servicios Agrícolas incluyó el ciprodinil + fludioxonil, azufre, iprodiona, procimidona y fenhexamid, entre las sustancias permitidas por considerar que no representan un riesgo a la salud ni el medioambiente debido a su uso en viveros e invernáculos.
UPM venía utilizando estos agroquímicos en el vivero forestal Santana en la ciudad de Guichón, en Paysandú, sin autorización de los organismos oficiales. Lo mismo ocurrió con otros nueve que fueron también autorizados, pero la semana pasada.
La decisión de Servicios Agrícolas expone fisuras en la posición del gobierno de Lacalle Pou ya que UPM estaba en proceso de ser multada por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de Ambiente (MA) con al menos una sanción de un millón de dólares.
La empresa había presionado al ejecutivo a favor de que autorizara su uso con el argumento de que, de no hacerlo, debería cesar a varios trabajadores.
Qué dice la resolución a favor de UPM
Servicios Agrícolas aseguró que la evaluación técnica y la información aportada demostraron que las dosis usadas mostraron eficacia biológica en el control de plagas y malezas. Agregó que se aplicarán recomendaciones de uso y medidas de mitigación para la salud humana.
El organismo catalogó a uno de los agroquímicos como "muy tóxico para organismos acuáticos", otro como "altamente tóxico" y los tres restantes lo son de forma moderada.
El permiso para el uso de esos productos será por un año desde que se impriman las nuevas etiquetas, de acuerdo al texto.
La Asociación de Vecinos de Guichón se quejó de que, mientras ellos debieron aguardar por más de una década que el Estado confirmara todas sus denuncias por contaminación y uso de sustancias peligrosas por parte de UPM, la compañía en una semana logró con sus presiones que el ejecutivo de Luis Lacalle Pou autorice productos que están provocando "un ecocidio".
