Por momentos, el agro argentino parece vivir en una paradoja permanente. Mientras los números macro muestran que el campo volvió a traccionar divisas y aportó a un PBI que habría crecido 4,2% en 2025, puertas adentro de los lotes la ecuación es mucho más fina. Y en el caso de la soja, directamente en rojo.

El informe de Néstor Roulet que señala que el 82,6% de la renta de una hectárea sojera queda en manos del Estado no es solo un dato provocador. Es una radiografía cruda de un modelo donde el riesgo lo asume el productor, pero la mayor tajada se la lleva el fisco. Si además se trata de campo alquilado, el resultado es todavía más inquietante: el productor pierde dinero.

Según el desglose, sobre una renta de US$ 634,99 por hectárea, el Estado capta unos US$ 524 entre impuestos nacionales, provinciales y municipales. El productor arrendatario termina con -US$ 40,55. El dueño del campo, en cambio, retiene casi el 24% de la renta. La foto es contundente: retenciones, Ganancias, impuesto al cheque, Ingresos Brutos e inmobiliario rural configuran una presión fiscal que, sumada a la brecha cambiaria y costos dolarizados, erosiona la competitividad.

Ahora bien, al mismo tiempo, el agro mostró en 2025 una recuperación parcial que no puede ignorarse. Las exportaciones agroindustriales crecieron 8,7% y alcanzaron US$ 51.023 millones. El trigo tuvo una campaña récord de 27,8 Mt (+54%), el maíz creció 17% interanual en diciembre y la carne porcina consolidó mejoras.

Pero el rebote no fue homogéneo. La soja cayó 3%, la carne bovina 7%, la maquinaria agrícola 23% y la molienda de trigo 11%. Es decir, los complejos más gravados o más dependientes del mercado interno siguen sintiendo el peso de una macro restrictiva y de un esquema impositivo que desalienta inversión y agregado de valor.

El salto de 190% en fertilizantes es, en este contexto, un dato revelador. Marca que el productor apuesta, que recompone tecnología y que cree en el potencial productivo. Pero la pregunta es si el marco regulatorio acompaña esa apuesta o la castiga.

La soja es el corazón de la matriz exportadora argentina y también el cultivo más intervenido. El debate sobre el "dólar soja" o sobre eventuales bajas de retenciones vuelve cíclicamente porque el problema estructural no se resuelve: la competitividad sistémica. Brasil y Paraguay operan con menores cargas y reglas más previsibles. En un mercado global cada vez más exigente en trazabilidad y sustentabilidad, cada punto de margen cuenta.

Además, la estructura productiva argentina está fuertemente sojizada y basada en campos alquilados. Cuando la renta desaparece, se resiente la rotación, la inversión en genética, en fertilización, en agricultura de precisión. Es decir, se compromete el futuro. No es solo una discusión de caja fiscal; es una discusión sobre la sustentabilidad del sistema.

El contraste entre el récord triguero y la fragilidad sojera muestra también que el agro argentino es resiliente y capaz de responder cuando las condiciones acompañan. Donde hubo clima y cierta previsibilidad, hubo producción. Donde la ecuación económica es inviable, la retracción es inevitable.

El campo volvió a demostrar que puede ser el ancla externa del país. Los US$ 51.000 millones exportados lo confirman. Pero también quedó claro que no todos los eslabones se benefician por igual. La caída en maquinaria agrícola es un síntoma de inversión postergada. La baja en carne bovina, de tensiones estructurales en la cadena.

Si el Estado se queda con más del 80% de la renta en soja, la pregunta no es solo si es justo o injusto. La pregunta es si es sostenible. Porque sin rentabilidad no hay tecnología, sin tecnología no hay productividad y sin productividad no hay dólares.

El agro argentino tiene potencial intacto, infraestructura a mejorar y talento técnico de sobra. Lo que falta, una vez más, es previsibilidad. Si el país quiere que el trigo récord y el salto exportador sean tendencia y no excepción, deberá revisar la ecuación fiscal y competitiva.

En definitiva, no se trata de elegir entre Estado o campo. Se trata de entender que sin un productor viable, el propio Estado se queda sin base imponible. Y en un tablero regional cada vez más competitivo, regalar margen es un lujo que Argentina ya no puede darse.

Ignacio Rivero
Periodista especializado en agroindustria del Cono Sur