Colombia tiene por delante uno de esos momentos en los que las decisiones tomadas durante unos pocos meses pueden condicionar varios años. El terremoto del 10 de agosto cambió prioridades, obligó a revisar presupuestos y agregó una emergencia monumental a una agenda económica que ya era compleja. Pero mientras discutimos cuánto costará reconstruir carreteras, viviendas y ciudades, hay una pregunta que no debería quedar relegada: qué lugar ocupará el campo colombiano en esa reconstrucción.

Juan Camilo Restrepo planteó recientemente en Cambio la magnitud del desafío que enfrenta el Gobierno durante el segundo semestre de 2026. Presupuesto para 2027, Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, ajuste fiscal, reforma tributaria, emergencia económica y reconstrucción deberán resolverse prácticamente al mismo tiempo. Su diagnóstico es acertado en algo fundamental: Colombia no puede responder a una emergencia de esta dimensión mediante anuncios aislados. Necesita planificación, instituciones, recursos y capacidad de ejecución territorial.

La reconstrucción será costosa. Restrepo estima que la tarea podría superar los 40 billones de pesos y recuerda que el terremoto alcanzó, con diferentes niveles de afectación, a 416 municipios. La dimensión territorial transforma el problema. Ya no estamos hablando únicamente de reparar edificios o recuperar determinadas vías urbanas. Estamos hablando también de caminos rurales, viviendas campesinas, sistemas de riego, centros de acopio, infraestructura productiva y corredores que permiten que los alimentos salgan diariamente de las regiones hacia los centros de consumo.

Y aquí Colombia tiene una oportunidad que no debería desperdiciar.

No reconstruyamos la misma ruralidad que teníamos antes

La primera obligación es atender a quienes perdieron viviendas, infraestructura y medios de vida. Pero reconstruir no debería significar simplemente devolver cada territorio exactamente al punto donde estaba el 9 de agosto.

Muchas regiones rurales colombianas ya tenían problemas estructurales antes del terremoto. Caminos terciarios deficientes, conectividad limitada, infraestructura de almacenamiento insuficiente, dificultades para acceder al crédito y altos costos logísticos condicionaban la competitividad de miles de productores.

Si vamos a movilizar recursos extraordinarios, deberíamos preguntarnos si podemos utilizarlos también para corregir parte de esas vulnerabilidades.

Una carretera rural reconstruida con mejores estándares no es solamente una obra pública. Es competitividad agropecuaria. Reduce tiempos, disminuye pérdidas, facilita el acceso de insumos y permite que frutas, verduras, leche, café y otros productos lleguen en mejores condiciones a los mercados.

Lo mismo ocurre con una vivienda rural, un puente, un sistema de agua o una red eléctrica.

El terremoto debería obligarnos a comprender que la infraestructura rural también forma parte de nuestra seguridad alimentaria.

Restrepo recupera una experiencia particularmente valiosa: el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC), creado después del terremoto de 1999. La idea de combinar una dirección centralizada con una ejecución descentralizada merece atención.

En una emergencia que abarca cientos de municipios, pretender que todas las decisiones se ejecuten desde Bogotá sería un error.

Las regiones conocen sus prioridades.

Los productores conocen sus territorios.

Y organizaciones que llevan décadas trabajando allí tienen capacidades que el Estado debería aprovechar.

Por eso resulta interesante la posibilidad planteada por Restrepo de que la Federación Nacional de Cafeteros participe en la reconstrucción de viviendas rurales, aprovechando su experiencia territorial. El principio puede extenderse: gremios productivos, cooperativas, asociaciones de productores, universidades, organizaciones sociales y entidades técnicas podrían asumir responsabilidades concretas bajo una planificación nacional rigurosa y mecanismos transparentes de control.

Descentralizar no significa renunciar al Estado. Significa conseguir que el Estado llegue mejor.

El presupuesto también debe mirar hacia las veredas

En las próximas semanas Colombia deberá tomar decisiones fiscales extraordinariamente difíciles.

El Gobierno tiene que revisar el presupuesto de 2027, preparar el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, presentar su estrategia fiscal y decidir cómo financiar una reconstrucción multimillonaria.

Con recursos limitados, aparecerá inevitablemente una competencia entre prioridades.

Y allí el agro debe hacerse escuchar.

No para reclamar privilegios, sino porque reconstruir las cadenas agroalimentarias es parte de reconstruir la economía nacional.

Cada carretera terciaria que permanece cortada tiene un costo. Cada productor que pierde una cosecha porque no puede transportarla también. Cada comunidad rural sin acceso adecuado al agua, energía o comunicaciones queda en peores condiciones para recuperarse.

La reconstrucción debería incorporar desde el comienzo una mirada productiva.

Necesitamos identificar qué infraestructura agrícola resultó afectada, cuáles son los corredores logísticos prioritarios, dónde existe riesgo de interrupción del abastecimiento y qué productores requieren financiamiento extraordinario para volver a producir.

Pero también necesitamos mirar más lejos.

Colombia puede aprovechar esta reconstrucción para impulsar infraestructura resiliente frente a futuros eventos naturales, agricultura digital, sistemas eficientes de manejo del agua, conectividad rural y mejores mecanismos de aseguramiento agropecuario.

El próximo desastre no debería encontrarnos exactamente igual.

La resiliencia se construye antes de la emergencia.

Una oportunidad para volver a conectar Colombia con su campo

Durante demasiado tiempo hemos hablado del desarrollo rural como si fuera una agenda separada de la política económica.

No lo es.

El café que exportamos necesita carreteras. Las frutas necesitan cadena de frío. La leche necesita electricidad y transporte. Los pequeños productores necesitan conectividad para acceder a mercados y financiamiento. Y toda la cadena necesita infraestructura para competir.

No existe agro competitivo con territorios desconectados.

Por eso el Plan Nacional de Desarrollo que Colombia deberá definir durante estos meses será tan importante como las medidas inmediatas para atender la emergencia.

La reconstrucción resolverá necesidades urgentes. El Plan debería responder qué tipo de ruralidad queremos construir después.

Una más productiva.

Más conectada.

Más tecnificada.

Y, sobre todo, más preparada para enfrentar los riesgos climáticos y naturales que inevitablemente volverán.

El terremoto del 10 de agosto dejó una herida enorme. Ninguna reconstrucción material podrá borrar rápidamente sus consecuencias humanas.

Pero precisamente por respeto a las comunidades afectadas, Colombia tiene la obligación de reconstruir mejor y no simplemente reconstruir rápido.

Tenemos experiencia institucional. Tenemos organizaciones territoriales. Tenemos productores que conocen cada kilómetro de esas regiones. Y tenemos una oportunidad excepcional para demostrar que inversión pública, sector privado y comunidades rurales pueden trabajar bajo un mismo objetivo.

Porque cuando Colombia comience a levantar nuevamente sus carreteras, sus viviendas y sus pueblos, deberá recordar algo elemental:

reconstruir el país también significa reconstruir las condiciones para que su campo pueda seguir produciendo.

María Fernanda Solís | AgroLatam

Esta columna toma como punto de partida el análisis de Juan Camilo Restrepo publicado en Cambio bajo el título "Un semestre de vértigo, pero crucial". Las opiniones y conclusiones expresadas corresponden a la autora.