En un contexto marcado por la persistente sequía que azota nuevamente a Bolivia en 2023, el Gobierno del país andino busca transmitir tranquilidad a la población al afirmar que el impacto económico será menor en comparación con el año anterior, aunque todavía existen miles de familias afectadas por este fenómeno.
El ministro de Desarrollo Rural, Remmy González, destacó que, si bien la sequía sigue siendo un desafío, las cifras indican una mejora con respecto al año pasado. En 2022, se registraron 145,000 familias afectadas por la sequía, mientras que este año la cifra se ha reducido a 27,808. Además, la superficie de producción afectada también ha disminuido significativamente, pasando de 120,000 hectáreas en 2022 a alrededor de 5,958 en 2023. En cuanto al ganado, el número de cabezas afectadas ha disminuido ligeramente, pasando de 50,000 el año pasado a 48,000 en la actualidad.
El ministro González subrayó que el Gobierno, consciente de la crisis climática a nivel global, ha tomado medidas para mitigar los efectos de la sequía en el sector alimentario. Se han destinado más de $1,000 millones para apoyar a la producción de alimentos y garantizar el abastecimiento en el mercado local.
A pesar de que actualmente el 85% de los municipios de Bolivia enfrenta los efectos de la sequía, el Gobierno asegura que la provisión de alimentos está "garantizada". Sin embargo, se hace hincapié en la importancia de mantener precios justos para los ciudadanos bolivianos.
La situación más crítica se observa en el occidente del país, donde la sequía ha llegado a niveles extremos, como en el caso de Potosí, cuyas fuentes de agua han experimentado una disminución histórica, llevando al racionamiento del consumo de agua en la capital departamental.
El Gobierno boliviano continúa trabajando en el manejo de esta crisis climática, consciente de la necesidad de proteger la seguridad alimentaria y económica de su población en medio de desafíos ambientales cada vez más apremiantes.
