La reciente amenaza de elevar los aranceles globales del 10% al 15% por parte del presidente de Estados Unidos vuelve a colocar al comercio internacional en un terreno de incertidumbre. Pero para América Latina no se trata de una discusión técnica más sobre política comercial: se trata de producción real, de economías regionales frágiles y de miles de familias que dependen del funcionamiento estable de las cadenas de valor agroalimentarias.

El agro latinoamericano atraviesa uno de los momentos más complejos de la última década. La variabilidad climática y las sequías prolongadas han reducido rindes en amplias zonas productivas. En paralelo, varias economías de la región enfrentan monedas devaluadas que encarecen insumos dolarizados -fertilizantes, fitosanitarios, maquinaria- mientras otras sufren el efecto inverso: monedas sobrevaluadas que restan competitividad a las exportaciones. En ese contexto, jugar con las barreras arancelarias como herramienta política no es un detalle menor: es un factor que puede definir la rentabilidad o la quiebra.

Desde Washington, un anuncio puede parecer una pieza más en una estrategia de negociación. Desde el interior productivo de América Latina, en cambio, significa revisar contratos, recalcular precios FOB/CIF, renegociar líneas de financiamiento y asumir riesgos adicionales en mercados ya volátiles. El Comercio Agrícola América Latina no se mueve en el vacío: está atravesado por la logística agropecuaria, por infraestructura portuaria limitada, por costos energéticos crecientes y por exigencias cada vez mayores en trazabilidad, sustentabilidad y certificaciones.

Detrás de cada tonelada exportada hay productores medianos y pequeños, cooperativas, contratistas rurales y trabajadores temporarios. Hay familias que invierten a ciclo abierto, que siembran meses antes de saber a qué precio venderán. Cuando las reglas cambian por decisión unilateral, la incertidumbre no se traduce solo en gráficos de mercados: se traduce en menos inversión, menos empleo y mayor vulnerabilidad social.

Es legítimo que cualquier país defienda sus intereses estratégicos. Pero cuando la política comercial se convierte en herramienta de presión coyuntural, sin previsibilidad ni diálogo multilateral, se debilita el sistema que durante décadas permitió ampliar la seguridad alimentaria global y los flujos de intercambio. Organismos como la OMC, la FAO o el BID han insistido en la necesidad de reglas claras y cooperación para sostener la resiliencia del sistema agroalimentario.

¿Alguien le dará una lección a este señor? Tal vez no en el terreno personal ni político, pero sí en el económico. Los mercados, tarde o temprano, castigan la incertidumbre crónica. Las cadenas de suministro buscan estabilidad. Los compradores internacionales diversifican orígenes. Y cuando eso ocurre, recuperar la confianza perdida no es sencillo.

Para América Latina, la respuesta no puede ser la resignación. Debe ser más integración regional, más diversificación de mercados, más valor agregado y mayor inversión en tecnificación y agricultura digital. Reducir dependencia de un solo destino comercial no es una consigna ideológica: es una estrategia de supervivencia.

El agro regional ha demostrado resiliencia frente a sequías, crisis financieras y volatilidad cambiaria. Pero la previsibilidad comercial es un insumo tan importante como el agua o el crédito. Convertir los aranceles en instrumento de improvisación política no solo tensiona relaciones diplomáticas: pone en jaque el trabajo silencioso de millones de productores que sostienen buena parte de la alimentación mundial.