La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con el objetivo de otorgar mayor certeza jurídica, reforzar la supervisión estatal y transparentar los criterios técnicos que determinan cómo se clasifican estos desarrollos.

El eje central de la propuesta es la diferenciación clara entre productos obtenidos mediante NBT y organismos genéticamente modificados (OGM). Las NBT permiten realizar modificaciones precisas que replican cambios genéticos que pueden ocurrir de manera natural, sin introducir genes de otras especies. En cambio, los transgénicos -ya regulados en el país bajo la normativa vigente- incorporan material genético externo.

El procedimiento que ahora se formaliza es obligatorio y debe completarse antes de cualquier liberación o uso en campo. A través de un análisis caso por caso, el SAG determina si el material evaluado puede considerarse convencional o si corresponde aplicar la regulación específica para OGM. Con una resolución respaldada normativamente, el Estado busca fortalecer la protección sanitaria y ambiental, al mismo tiempo que consolida la confianza pública en el uso responsable de estas herramientas.

Desde el sector biotecnológico, la propuesta fue valorada como un avance en gobernanza e innovación. El director ejecutivo de ChileBio, Miguel Ángel Sánchez, sostuvo que la formalización de este procedimiento -alineado con tendencias regulatorias internacionales- permitirá a los agricultores acceder a mejores productos y estimulará el desarrollo de innovación nacional. Según explicó, estas herramientas reducen tiempos y costos en la obtención de nuevas variedades adaptadas a condiciones climáticas adversas y a mayores exigencias productivas.

En un escenario global marcado por el cambio climático, mayores estándares ambientales y desafíos crecientes en seguridad alimentaria, la biotecnología se posiciona como una herramienta estratégica para mejorar rendimientos y calidad, especialmente para productores de menor escala que requieren soluciones más rápidas y eficientes.

El proyecto fue presentado ante actores del sector agrícola y forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la capacidad del país en la producción de alimentos. En paralelo, el SAG abrió un proceso de consulta pública nacional e internacional por 60 días, tras el cual la resolución podría entrar en vigor hacia fines de mayo.

Para un país con fuerte perfil exportador en frutas, semillas y productos agrícolas de alto valor, la medida consolida un marco regulatorio más claro, sin modificar la normativa vigente sobre OGM, pero aportando mayor trazabilidad y previsibilidad al sistema de evaluación.